El vocero presidencial Jorge Richter afirmó este martes que “las ejecuciones sumarias» son el grado más despiadado del accionar político en un Estado, después de que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que también se registró ese extremo durante la crisis de 2019.

“Las ejecuciones sumarias son el grado más despiadado del accionar político en un Estado; esas ejecuciones sumarias eran lo que nosotros en su momento conocimos como que entre hermanos se mataban en las manifestaciones, (pero) hoy hemos conocido algo que no lo hemos vivido (…) en los 37 años de la democracia que hasta ese entonces teníamos y que son las ejecuciones sumarias, (es decir) la crueldad con la cual se ha reprimido en nuestro país y por la cual 38 hermanos bolivianos perdieron la vida y cientos han sido torturados y han visto sus derechos cancelados sufriendo lo indecible”, dijo.

El GIEI presentó su informe sobre hechos de violencia ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, que estableció ejecuciones sumarias y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Pero “lo importante es que hoy conocemos un informe absolutamente detallado y objetivo de todo lo que ha sucedido en aquellos días y en la línea que ha señalado el presidente (Luis Arce) podemos ya caminar hacia encontrar a quienes han sido los responsables de generar todo esto”, añadió.

Además, remarcó que ahora es importante hacer una enorme cantidad de reformas y reestructuraciones institucionales en el país, como en la Justicia, la Policía, Fuerzas Armadas, la Fiscalía y “en un sinfín de instancias que deben tener siempre un compromiso con la democracia”.
Porque, por ejemplo, en el caso “de la Policía y las Fuerzas Armadas tienen que ejercer un rol de neutralidad política obligada y tienen que ser protectores de la sociedad, labor que no han cumplido en noviembre de 2019”, afirmó.

El 20 de octubre de 2019 se realizaron elecciones nacionales en el país en medio de un ambiente de polarización y sus resultados, que dieron una nueva victoria al entonces presidente Evo Morales, no fueron aceptados por denuncias de presunto “fraude electoral”.

El 10 de noviembre del mismo año, Morales finalmente decidió renunciar a su cargo agobiado por una serie de protestas, un motín policial y una “sugerencia” de los militares para que dimitiera, y dos días después asumió el mando del Estado la entonces segunda vicepresidenta del Senado Jeanine Áñez a través de un cuestionado proceso de transición, que el actual Gobierno considera que fue un “golpe de Estado”.