Este martes se presentó el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los sucesos de 2019, y en el apartado sobre los hechos en el departamento de Santa Cruz, los investigadores señalaron que la lenta investigación respecto a los dos fallecidos en Montero resulta en "impunidad" y "vulneración" del derecho a la justicia.

“Llama la atención que las muertes de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas en Montero no han sido esclarecidas. Las investigaciones han avanzado, pero aún no se han acreditado las autorías, lo que resulta en impunidad y vulneración del derecho de los familiares de las víctimas a la justicia”, destacan. 

“El trabajo investigativo se enfocó principalmente en acreditar la existencia de un grupo civil armado que se habría organizado con el apoyo o la aquiescencia del Estado, para movilizarse en calidad de guerrilla. Ese grupo habría sido entrenado para enfrentar al movimiento cívico que se resistía a levantar los bloqueos. Esa línea de investigación obstaculizó conocer detalladamente las circunstancias de los homicidios, así como de las heridas provocadas en las demás víctimas”, agrega.

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Según consta en el documento, Montero fue el primer lugar donde se registraron fallecidos, tras producirse dos enfrentamientos el 30 de octubre.

Ese miércoles, en la mañana, un grupo de personas que defendían el resultado de las elecciones — entre ellos habitantes de Cofadena— , intentaron romper el bloqueo establecido por integrantes y simpatizantes del Comité Cívico en el Puente de la Amistad, que tenía por objeto el impedir el paso de grupos que presuntamente llegaban desde Yapacaní y Chapare. En esta primera confrontación, cuatro personas de Cofadena resultaron heridas con perdigones.

Al crecer el rumor de la llegada de grupos desde Yapacaní, más de un centenar de cívicos llegaron desde Santa Cruz y crearon un cerco al barrio de Cofadena. Hubo enfrentamiento y, aproximadamente a las 21:00, se escucharon disparos de arma de fuego. Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas fueron alcanzados por proyectiles de arma de fuego. Al respecto, el grupo encontró que las autopsias realizadas a las dos víctimas “no fueron diligentes”, lo que, junto a otras “irregularidades”, suponen “una negligencia trascendental para el desarrollo de las investigaciones”. 

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“El Estado no actuó para prevenir o impedir el cerco a Cofadena u otros enfrentamientos, excepto por breves momentos y con recursos insuficiente para contener los ánimos”, sostiene el escrito. “El Estado no ha sido diligente para esclarecer los hechos ocurridos el mediodía del 30 de octubre en el Puente de la Amistad. No hay información sobre el número y la condición de los heridos, de las circunstancias de los enfrentamientos o definición de responsables". 

El informe también apunta a la “falta de asistencia médica adecuada” para los heridos en los enfrentamientos y crea duda sobre el arresto del exguerrillero argentino Facundo Molares acusado por el homicidio de los dos cívicos, ya que “él fue herido durante los enfrentamientos del medio día en el Puente de la Amistad y, por tanto, no podría haber participado en los hechos de esa noche”. 

Además, critica la imputación de seis personas por la asistencia médica a Molares, ya que, si bien los galenos deben informar al Estado sobre la asistencia que se brinda a personas heridas en actos que pudieran presumirse delictuosos, "el incumplimiento de ese deber no permite presumir complicidad de los profesionales médicos con el delito original. Cuando mucho, se puede considerar que una sanción administrativa sería razonable".