El Instituto de Derechos Humanos y Políticas de Desarrollo de Chuquisaca (Idhpdc) presentó hoy a la Cámara de Diputados una denuncia en contra del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Petronilo Flores, por los delitos de acoso laboral, encubrimiento al acoso sexual, extorsión, violencia psicológica y denigración.

“Hemos presentado la denuncia ante la Cámara de Diputados para que sea derivado al Ministerio Público y continúe la investigación correspondiente sobre los delitos en los que incurrió el magistrado Flores, en contra de funcionarios del TCP”, dijo el presidente de la Idhpdc, Cristian Sanabria.

En 2018, dos funcionarias del TCP denunciaron acoso sexual y laboral por su inmediato superior Pablo M. C. Este hecho fue puesto en conocimiento de Flores, quien no tomó ninguna acción en contra del presunto acosador, tiempo después ambas mujeres fueron cesadas de sus cargos. 

Tras esto presentaron su queja la Cámara Baja, que no dio curso a la demanda debido a los factores electorales y a la pandemia. Al conocer la denuncia uno de los asesores del magistrado llamó a las víctimas para chantajearlas, les ofrecía trabajo en la dependencia judicial a cambio de que desistan de su querella, debido a las estrecheces económicas una de las víctimas aceptó.

“Considerando de que ellos están como magistrados, dice él (Flores): yo puedo hacer que vuelvan a trabajar en el Tribunal o en un municipio, me dijo. De todas manera yo debo llevar, si es que acaso ustedes aceptan, una propuesta”, les manifiesta el asesor de Petronilo Flores a las víctimas, un contacto telefónico al que tuvo acceso Página Siete.

Sin embargo, este hecho no es único que aconteció en dependencias administradas por el magistrado del TCP. Otros seis exfuncionarios de esa instancia hicieron llegar sus denuncias, mediante notas al Instituto, de que también fueron acosados laboralmente.

Alegan además que fueron víctimas de extorsión, porque cada mes se les hacía un cobro obligatorio, según escala salarial, del entre el 10% y el 15%. Se los amenazas con despidos si no daban el monto que les pedía. Este “aporte” tenía el nombre de “fondo para actividades del despacho” y eran registrados en un cuaderno con nombre y apellido, la responsable de estos cobros era la funcionaria Patricia G.