Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anunciaron acciones conjuntas en defensa de la democracia y la búsqueda de una reforma judicial para que exista transparencia  e imparcialidad en todas las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos entre  septiembre a noviembre de 2019, descritos en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI). Algunos líderes políticos también pidieron que los exmandatarios Evo Morales y Jeanine Añez sean procesados por esos  atropellos.

“Para llevar adelante procesos de investigación y sanción contra quienes resulten responsables de estos hechos, el cambio de operadores fiscales y judiciales que conocerán estos hechos resulta imprescindible”, refiere el comunicado conjunto.

Las reacciones surgen luego de que el GIEI informara sobre los atropellos que se cometieron durante los gobiernos de Morales y Añez, identificando como un problema estructural  la ausencia de independencia judicial, la transparencia y  objetividad en el ejercicio penal boliviano.

La oposición considera que todos los casos de personas fallecidas, heridas, la destrucción de bienes particulares y otros hechos deben esclarecerse con una  investigación que se inicie desde la raíz para conocerse las responsabilidades.

 “Las causas determinantes de la crisis de violencia de 2019 son  la desinstitucionalización del Estado y la aguda polarización provocada por Evo Morales y sus colaboradores para quedarse indefinidamente en el poder, vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE), el Referéndum del 21 de febrero, la institucionalidad democrática”, sostiene el documento de la oposición y el Conade.

Según la oposición, de no haber un cambio estructural en la justicia, las muertes podrían quedar en la impunidad y ser politizadas a través de un sistema judicial manejado por el actual gobierno de Luis Arce, mediante amnistías e indultos discriminatorios.

El líder de CC, Carlos Mesa, dijo que la reforma del sistema judicial y fiscal y el cambio de sus operadores son requisitos para garantizar justicia y debido proceso. El gobernador de Santa Cruz y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, refirió que las muertes y atropello a  derechos comenzaron en el gobierno de Morales y concluyeron en el período de Añez;  por tanto, “si Jeanine Añez es enjuiciada, Evo Morales también debe ser procesado”.

Gonzalo Barrientos,  ex diputado potosino de Unidad Demócrata (UD),  pidió al actual Gobierno no usar de manera sesgada el informe del GIEI, sino seguir  con coherencia las recomendaciones, reformar la justicia  y procesar no sólo a Jeanine Añez, también a Evo Morales y a todos los que resultaren involucrados en  violación a  derechos.

“Son gobiernos constitucionales que obviamente debían estar enmarcados en lo que establece la Constitución. Los funcionarios públicos o autoridades que hayan excedido los límites constitucionales, que hayan excedido los límites normativos o los límites legales, obviamente tienen que asumir su responsabilidad”, señaló Barrientos a Página Siete.

Abogados y el GIEI

• Ecuánime El abogado Eusebio Vera dijo que el informe es ecuánime “y concluye que hubo violaciones a los derechos humanos tanto en el gobierno del expresidente Morales, así como en la gestión de Añez”.
• Dependencia El abogado Gary Prado señaló: “Este informe nos está demostrando lo que se viene reclamando desde hace muchos años, el Órgano Judicial ha perdido  su independencia y se ha  sometido a los dictados del Órgano Ejecutivo. Esto es un cáncer que carcome la democracia boliviana”.