Los casos Senkata y Sacaba pesan sobre el gobierno de  la entonces presidenta Jeanine Añez, mientras que los casos Vila Vila y Playa Verde sobre la administración  de  Evo Morales.

El informe del GIEI concluye que en el último trimestre del año 2019 (octubre, noviembre y diciembre) “se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia”.

Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre y un día después salió del país. Añez asumió la Presidencia el 12 de noviembre y dejó el poder en noviembre de 2020.

Entre los casos que ocurrieron durante la presidencia de Morales hasta el momento en que dimitió están Montero, Vila Vila y Playa Verde. Entre los casos que ocurrieron durante la presidencia de Añez están Senkata y Sacaba (ver la infografía para más detalles).

Sacaba y Senkata

El informe del GIEI se indica que en Sacaba y Senkata se produjeron masacres. En el primer caso, da cuenta  que el 15 de noviembre de 2019,   a las 11:00, desde un mercado partió la marcha convocada por  las Seis Federaciones del Trópico, con destino a la plaza principal de Cochabamba.

Sin embargo, la columna fue impedida de ingresar a la urbe a la altura del   Puente Huayllani, donde se estableció un cordón policial.  Efectivos de las FFAA   ocuparon  la segunda posición. Fue en ese escenario que ocurrieron  los hechos. 

“Hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga”, se lee en el informe de la GIEI en el que se agrega que en términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría  “calificar las muertes como ejecuciones sumarias”.

En el caso de Senkata, el informe del GIEI señala que el 19 de noviembre de 2019 se realizó un operativo para sacar de la planta de YPFB un convoy de camiones, para transporte de gas y otros combustibles, debido al bloqueo   realizado  en inmediaciones de la planta. El documento agrega que el análisis de los medios de prueba revela que el grupo de manifestantes que embistió contra el muro y la puerta de la planta YPFB no superó a un centenar de personas.

“Alrededor de las 12h, ese grupo derrumbó parte del muro de la planta,  ubicado sobre la avenida 6 de Marzo. Como reacción inmediata, las fuerzas militares que resguardaban la planta empezaron a disparar. Como consecuencia de los disparos, se produjeron por lo menos 10 víctimas fatales y al menos 78 heridos”, se lee en el informe.

Vila Vila y Playa Verde 

El 9 de noviembre de 2019, la denominada “caravana del sur”, compuesta por cívicos, universitarios, docentes, cobistas sucrenses y activistas, sufrió un ataque en la localidad de Vila Vila, donde se levantó un bloqueo (según  entrevistas del GIEI, el bloqueo se efectuó por personas ajenas a la localidad). La caravana partió de Chuquisaca y se dirigía   a La Paz.

En el momento que intentaban avanzar con la escolta de a pie de   algunos de sus integrantes, comenzaron a llegar individuos, en motos y camionetas, para reforzar a los comunarios. Las personas ajenas a la comunidad emplearon gases lacrimógenos en contra de la caravana, y luego los buses comenzaron a ser apedreados. Dos -de los 11 buses-  quedaron atrapados. Se reportó el intento de quema de los vehículos  con gasolina e incluso bombas molotov. Se registró la toma de 15  rehenes y las mujeres sufrieron agresiones físicas y de contenido sexual.  

Ese día, tras enterarse de lo sucedido, mineros cooperativistas resolvieron anticipar la salida desde Potosí de la llamada “caravana minera”, en la que formaron parte representantes de sectores sociales, habitantes de Potosí, Chuquisaca ,  Tarija y mineros.

El 10 de noviembre, a las 6:00 tras retomar su ruta, en una planicie denominada Playa Verde, entre Challapata y Huancané, la caravana divisó  bloqueos,  la presencia de personas apostadas en los cerros próximos a la carretera  y la explosión de dinamita. Entonces retrocedió y formó una comisión para  negociar el paso. Detrás de los comisionados iban otros mineros y universitarios para limpiar la vía. Sin embargo, la comitiva fue atacada. Al menos cinco mineros fueron heridos de bala, “todos de gravedad”.

“Los testimonios coinciden en señalar que los ataques con armas de fuego no cesaron frente al paso de ambulancias, y al menos dos de ellas recibieron impactos de bala”, se lee en el informe, en el que se adiciona que “El GIEI concluye que los bloqueos fueron resultado de una acción realizada con la participación del Estado”.

“Se observa la participación directa o indirecta del Gobierno nacional, del departamental de Oruro y Potosí y de alcaldías en los eventos referidos. (…) Los hechos de violencia en Vila Vila, Caracollo y Challapata, que incluyen tortura, privación de libertad, lesiones corporales, destrucción de bienes materiales y ataques a personal de salud, se produjeron como parte del ataque instigado por el Estado, que estimuló los bloqueos y apoyó el traslado de civiles a los lugares de los ataques;  es decir, asumió plenamente la eventualidad de que se desatara la violencia”, señala  el informe del  GIEI.