La falta de independencia en la administración de justicia, ausencia de garantías en el debido proceso, empleo arbitrario de la prisión preventiva y obstáculos de acceso a la verdad en Bolivia  son los cuatro elementos que reveló ayer en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Ante este panorama, las víctimas de los hechos violentos de 2019 analizan activar un proceso contra el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

“En el Capítulo 4,41 el GIEI concluyó que entre los problemas estructurales endémicos en Bolivia se encuentran la ausencia de independencia judicial, transparencia y objetividad en el ejercicio de la acción penal”, señala el inciso F del capítulo de “Derechos Vulnerados”.

Los expertos  también verificaron  el “abuso del sistema de justicia para perseguir a adversarios políticos; (...)  la utilización generalizada de imputaciones de sedición y terrorismo (…) en su análisis de las investigaciones de la Fiscalía, el GIEI documentó diversas violaciones del debido proceso, entre otras: la imputación de cargos infundados o desproporcionados; la falta de respeto a la presunción de inocencia; y el indebido ejercicio de presiones o incentivos para aceptar culpabilidad por los cargos”, concluye parte del texto.

En octubre de 2019 Julio Llanos (en el piso) fue agredido.
Foto: RRSS

Por su lado, las víctimas de los hechos violentos en los conflictos de 2019 -tanto de oposición como de  los afines al MAS- podrían iniciar un proceso por incumplimientos de deberes y otros tipos penales contra el Fiscal General, debido a las múltiples deficiencias en las investigaciones y la parcialización política con la que actuaron sus funcionarios. David Inca,  activista de derechos humanos, afirmó que el tema será analizado en los siguientes días.

Al respecto, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo que “en su momento, la Defensoría ha pedido al Fiscal General que realice la investigación sobre estas 37 muertes (ocurridas en los conflictos de noviembre 2019).  ¿Quién es el responsable de que no se haya generado procesos de justicia ni esclarecimiento (de las causas)? Es el Fiscal General”.

La funcionaria criticó que después de  casi dos años de las muertes y las acciones violentas que generaron zozobra en el país, la Fiscalía  no  esclareció los hechos delictivos;  al contrario, el GIEI, en menos tiempo, identificó a los responsables de las “masacres” en Sacaba y Senkata.

Según el informe,  en cada una de las investigaciones de las 37 muertes contabilizadas y otros hechos  durante los conflictos de 2019, se halló incumplimiento de protocolos y un sistemático uso ilegal de las detenciones.

“Es totalmente cierto (que la Fiscalía incumplió sus deberes). Pudo conformarse (para investigar los hechos) comisiones especializadas y jueces cautelares itinerantes. Las víctimas tienen el derecho  para cuestionar la inacción del Ministerio Público”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox.

Sin  culpables

• Llanos En su informe, el GIEI describe que pese a todos los elementos que apuntan  al personal del Ministerio de la Presidencia como organizador de las marchas del 29 de octubre de 2019, la Fiscalía no tuvo la capacidad de encontrar el nexo de ese hecho   con los agresores del presidente de las víctimas de las dictaduras, Julio Llanos, quien después de ser internado  en un hospital falleció el 26 de noviembre.
• Comisión  El fiscal general, Juan Lanchipa, anunció que el Ministerio Público conformará  la “Comisión extraordinaria de Análisis” para implementar las recomendaciones realizadas por el GIEI.

“¿Quién es el responsable de que no se hayan generado procesos de justicia ni esclarecimiento (de las causas )? Es el Fiscal General”.

Nadia Cruz

“En su análisis de las investigaciones (del trabajo) de la Fiscalía, el GIEI documentó diversas violaciones al debido proceso”.

GIEI

“ Es totalmente cierto (el incumplimiento), las víctimas tienen el derecho  para cuestionar la inacción del Ministerio Público”.

Nelson Cox