“Para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas”.

El criterio fue expresado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, cuyo informe conoció La Razón.

En la recepción del informe de parte de la experta argentina del GIEI Patricia Tappatá, la mañana de este martes en el salón de actos del Banco Central de Bolivia (BCB), Arce citó el documento para denunciar que la renuncia el 10 de noviembre de 2019 de Morales fue a causa de un “golpe de Estado”.

“Los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”, dijo el mandatario.

En su informe, el GIEI cuestiona duramente el papel de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas en la crisis poselectoral de 2019, aunque se inhibe de comentar sobre si hubo o no golpe de Estado, como denuncia ahora el oficialismo, o fraude electoral en 2019, como denuncia la oposición.

“Sin embargo, ante su responsabilidad de recomendar medidas de fortalecimiento institucional, el GIEI considera oportuno destacar que las fuerzas militares y policiales tienen, en cualquier país, responsabilidades democráticas del más alto nivel”, dice el GIEI.

Y complementa: “La circunstancia de que esas instituciones ejercen directamente el monopolio del uso de la fuerza en nombre del Estado y de la sociedad, o sea que han recibido la atribución exclusiva de practicar actos violentos en defensa del orden y de la legalidad, hace estrictamente necesario que se subordinen y sean controladas por el poder civil”.

La noche del 7 de noviembre, varios destacamentos policiales se declararon en motín, en coincidencia con las protestas de entonces convocadas por el Comité pro Santa Cruz y las vigilias propiciadas por fuerzas política de oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS). “El amotinamiento llevó a que se identificara a la institución policial como un factor que contribuyó a la inestabilidad de la democracia”, concluyó el GIEI.

El equipo consideró que “la capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátumpuede no ser más que una cuestión semántica”.

Además, recomendó un ajuste estructural en ambas instituciones. “La situación estructural de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas merece un trabajo de comprensión más amplio sobre las necesidades de ambas instituciones para superar lo que, en ocasiones, es un comportamiento autocrático”.

A las 16.09, casi una hora antes de la dimisión de Morales, el entonces comandante de la Policía Boliviana, coronel Yuri Calderón, leyó un comunicado difundido en las redes sociales de la institución. “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”, dijo.

Casi a la misma hora, similar actuación tuvo las Fuerzas Armadas. En conferencia de prensa, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, acompañado del Alto Mando, también sugirió la renuncia del mandatario.

Morales, acompañado del vicepresidente Álvaro García, renunció a las 16.50 en Chimoré, en el Chapare, adonde viajó luego de dificultades al abordar el avión presidencial (los jefes militares se lo impedían).

“La información descrita y analizada en el Informe revela que, durante la crisis política de 2019, las fuerzas policiales y militares asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos”, remata el informe parcial al que accedió La Razón.

Tras la renuncia de Morales, y luego de dos días de desgobierno, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, se proclamó sucesivamente titular del órgano camaral y mandataria por sucesión en sendos actos sin quorum ni asistencia del MAS.