El presidente Luis Arce pidió "perdón" este martes a todas las víctimas y familiares que sufrieron pérdidas durante los sucesos de 2019 y lamentó las "ejecuciones sumarias" identificadas en Sacaba. 

"Honramos la memoria de todas las víctimas. Les pedimos perdón y acompañamos el dolor de las familias", expresó Arce, antes de nombrar uno a uno los nombres de las víctimas que perdieron la vida durante los conflictos de 2019. "Memoria, verdad y justicia", agregó, tras un minuto de silencio y en medio de gritos de "justicia" y "golpistas a la cárcel" entre los presentes. 

Las declaraciones del mandatarios se produjeron después de la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de 2019, en el que se identificó un "desproporcionado" uso de la fuerza por los cuerpos de seguridad. 

Por su parte, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola Noguera, afirmó que como institución no realizará comentarios sobre los resultados de la investigación, pero expresó su confianza en que el documento "se traducirá en acciones para la garantía de la justicia y lucha contra la impunidad en Bolivia". 

"La presentación del informe final de GIEI es la culminación de una etapa que se dio inicio con la observación que realizó la comisión en el 2019 en un contexto de gran crisis política y social", manifestó la comisionada, en comparecencia virtual. "En su visita, la comisión pudo observar con extrema preocupación que en el contexto de la violencia sociopolítica generalizada, que se desencadenó en los periodos previos y posteriores a las elecciones generales, se registraron una serie de graves violaciones a los derechos humanos con lamentables consecuencias", recordó. 

La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, en comparecencia virtual este martes. Foto: APG

Urrejola reconoció que el informe constituye "apenas un paso más" en la construcción de la ruta hacia la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares, pero manifestó su optimismo por que el Estado siga las recomendaciones presentadas. 

"A partir de este momento de conclusión de una etapa, es esencial la apertura de la siguiente: el seguimiento a las recomendaciones formuladas por el GIEI", sostuvo. "La comisión alienta y acompaña a todos los sectores democráticos del país, en sus esfuerzos y en la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento del Estado de derecho y la consolidación de una cultura de la paz". 

El periodo de investigación del documento es del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. En total fueron ocho meses de trabajo, en los que se entrevistaron a más de 400 personas entre víctimas, testigos, autoridades, actores políticos y personalidades públicas. Además, se visitó una docena de localidades, entre las que se encuentran Challapata, Chapare y Sacaba. 

También se analizaron más de 120.000 folios de diferentes tipos de expedientes provistos por las autoridades y 1.000 archivos audiovisuales aportados por la sociedad civil, autoridades y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, se reunieron con periodistas, organizaciones de la sociedad civil y delegaciones diplomáticas en Bolivia.