Aún recuerdo la mañana al día siguiente en que el general Juan Pereda se autoproclamó presidente electo en los comicios realizados el 9 de julio de 1978, cuando el postulante militar a la primera magistratura protagonizó un gran fraude electoral, burlando la voluntad popular nacional, que estaba cansada de casi dos décadas de gobiernos militares y ansiaba recuperar su democracia.

El gigantesco fraude fue bien documentado por la prensa nacional de la época, dando cuenta que camiones del ejército habían arrojado al lago Titicaca las ánforas electorales del altiplano que le eran desfavorables, además que la cantidad de votos emitidos superó en más de 50.000 a la cantidad de inscritos, la ausencia de papeletas de los partidos de oposición en las mesas electorales, así como otras irregularidades, que escondieron la voluntad mayoritaria de los bolivianos, que en ese entonces apoyó al candidato opositor de la Unidad Democrática y Popular (UDP), Hernán Siles.

El fraude orquestado desde la cúpula militar entró en la historia como el más escandaloso. El proceso electoral fue anulado, pero Pereda se quedó con el poder. Lejanos parecían estar esos tiempos en que gobernantes autócratas querían detentar el poder indefinidamente y convocaban a elecciones solamente para armar un espectáculo que los legitimara a nivel internacional.

Sin embargo, para sorpresa de la gran mayoría de los ciudadanos, en estos turbulentos días de octubre hemos retrocedido más de 40 años, ya que la historia parece repetirse estrepitosamente con un gobernante autoritario que quiere prorrogarse en el poder indefinidamente, aunque la mayoría nacional le haya dicho al menos dos veces que no quiere que siga en el gobierno y que Bolivia requiere un cambio urgente en la cúpula gubernamental.

Este  fraude tiene cada vez mayores evidencias, no sólo son las ánforas transportadas o abandonadas en micros, motos y taxis en La Paz, El Alto, Sucre, Tarija o escondidas en casas particulares en Potosí; sino también por la paralización inexplicable del conteo rápido de resultados preliminares, cuando se vislumbraba la segunda vuelta  y su reanudación con el resultado favorable al candidato oficial por encima del 10%, apenas por una décima que daría el triunfo al MAS en la primera ronda.

Las pataletas y manotazos de ahogado de ofrecer recuento de actas a los observadores electorales de la OEA no parecen más que pura propaganda para seguir engañando literalmente “a medio mundo”. El gobierno aún no se ha pronunciado sobre la exigencia de la OEA que los resultados de la auditoría electoral sean vinculantes, pero ya poco sentido tiene la misma, si el autócrata ya se autoproclamó presidente, al más puro estilo del general Pereda.

La declaración de “profunda preocupación” de la misión de la OEA por la manipulación de las cifras del TREP y la sugerencia de realizar una segunda vuelta por la falta de transparencia en el proceso, no hacen más que reflejar una verdad más grande que el Illimani: la burla y el desconocimiento, una vez más, de la voluntad popular al igual que en el referéndum del 21F.

No se entiende la soberbia con que se actuó para no decretar emergencia nacional por los incendios en la Chiquitania comparado con el desparpajo con que el candidato oficial se reunió con representantes extranjeros para explicarles algo inexplicable (que no existe fraude), cuando debió haber convocado primero a los bolivianos y a las principales fuerzas políticas, cívicas, y sociales del país para establecer las bases de un acuerdo o la convocatoria a la segunda vuelta que permita salir del hoyo negro en el que nos metió por su ambición desmedida por el poder. 

Con este antecedente, esa entelequia de “soberanía nacional” ya resulta tan risible como el burlote de fraude que armaron.

Las cartas están echadas sobre la mesa y aunque todavía corra mucha agua más bajo el puente, la encrucijada de esta situación política posmoderna parece debatirse entre la segunda vuelta o el salto al vacío para nuestra nación que sabemos cómo empieza pero nunca cómo acabará. 

Quizás, curándose en salud, el Jefe de Estado habla de intenciones de golpe a su presidencia vitalicia. Esto me hizo recordar que el que dio un golpe de Estado en 1978 después del fraude fue el general Pereda y luego de tres meses, él mismo fue víctima de su propia medicina y, a su vez, fue golpeado por otro militar. No sabemos si la historia se repetirá también en este aspecto, pero está muy claro que sólo las Fuerzas Armadas pueden dar un golpe de Estado. Las fuerzas cívicas, sociales y opositoras que reclaman el respeto al voto no lo pueden hacer, porque no cuentan los medios.

El maravilloso pueblo boliviano ha demostrado en reiteradas oportunidades su vocación democrática, puesta a prueba en la lucha contra las dictaduras militares y los gobernantes autoritarios. Es impensable que el 21F y el 20O sean hechos democráticos sin retorno. Más allá de lo que pudiera derivarse del conteo final de votos, lo que queda muy claro es que los bolivianos queremos seguir viviendo en democracia y en libertad genuinas. Esto no pasa por la mantención indefinida en el poder de los actuales gobernantes. El soberano ha hablado y hay que escucharlo.