Es posible que al momento en que se publica esta columna el Gobierno esté por analizar el Estado de Sitio como uno de los recursos que tiene para salir de la peor crisis que le ha tocado vivir en 14 años.

Siempre ha sido una opción, pero la aplican generalmente cuando se ha perdido la capacidad de convencer a los gobernados, se ha reducido la legitimidad de quien está en el poder y se le hace cada vez más difícil sostenerse. Sólo basta ver lo sucedido en Chile esta semana para darse cuenta que la alternativa de apoyarse en las FFAA no es sostenible, pues no todos los militares están dispuestos a enfrentar al pueblo movilizado, como ocurrió en el pasado. Las experiencias de décadas anteriores ayudaron a que la institución castrense boliviana madure y evite la peligrosa confrontación con los civiles.

En Chile los resultados del uso de la fuerza han sido terribles y el toque de queda no ha durado ni siquiera siete días. El estado de excepción es un recurso constitucional, pero también lo es la movilización ciudadana pacífica. Piñera se vio obligado a escuchar a una mayoría de su pueblo y ahora intenta rectificar, lo que puede desembocar en una pacificación del país.

En Bolivia la crisis política afortunadamente no produjo en sus primeros seis días tragedias, lo que pudo ayudar a creer que se puede aún evitar el abismo. Sin embargo, a diferencia de Chile, aquí la crisis es más profunda porque muestra una escalada que puede enfrentar en las calles a ciudadanos contra ciudadanos. Por al alto riesgo de entrar a un escenario del que después será mucho más difícil salir, ni el Gobierno ni la dirigencia de la oposición deben jugar con fuego. Si se alarga más tiempo la crisis política y social, la economía puede sufrir un descalabro y Bolivia podría perder en días lo que consiguió en años con el esfuerzo de todos sus pobladores. Para evitarlo, hay distintos niveles de responsabilidad. La primera es la del Presidente, y, en segunda instancia, la de los dirigentes de la oposición, que también están llamados a evitar el colapso que muchos queremos que no ocurra.

Que cedan para que ganemos todos es lo que esperamos de la clase política.  Y ceder implica necesariamente un primer acuerdo urgente de pacificación del país para resolver de manera inmediata la disputa del poder mediante el voto.

Persistir, en cambio, en las posiciones de ahora sólo acelerará el suicidio colectivo, del que ni siquiera se salvará en el tiempo el Gobierno, por más que se sostenga en el uso de la fuerza. Hacerlo sólo prolongará una dolorosa y costosa agonía, como le ocurre ahora al pueblo venezolano.

Disputas tan profundas como las de este momento pueden durar muchos y largos años. En el balance final, el daño mayor lo sufre el país. Sin embargo, es posible todavía confiar en que el Presidente no esté dispuesto a ser él quien nos conduzca a esa catastrófica situación.

Optar por la fuerza en la resolución de la disputa del poder es algo que la comunidad internacional tampoco aceptará. Al contrario, ya la OEA, la Unión Europea y algunos gobiernos vecinos han coincidido en la lectura de que, ante las serias dudas del desarrollo de la elección y del cómputo del sufragio del domingo pasado, la mejor salida a la situación de convulsión social sea otra votación entre la primera y la segunda fuerza política.

El Gobierno ha tenido hasta antes de la elección del domingo pasado la aprobación de los organismos internacionales y de una mayoría de gobiernos del mundo, pero la puede perder con la misma rapidez que ha reducido su legitimidad en el país, a partir del rechazo de más de la mitad de la población boliviana. La desconfianza ya no es sólo interna, sino que gobiernos que le dieron su respaldo, como por ejemplo el español, ahora dudan de la forma en la que pretende continuar otro mandato.

Hasta antes de la elección del domingo 20 el Gobierno había logrado controlar tres de los factores que podían haber producido un escenario de crisis generalizada de Estado y, por consiguiente, precipitado un cambio de ciclo: la estabilidad económica, social y política, el apoyo internacional y la oposición. Días después de la votación, las tres condiciones han variado velozmente por la desconfianza en el proceso electoral. Hay ahora una peligrosa conflictividad política y social, que puede descomponer rápidamente la economía, la comunidad internacional empezó a dudar y la oposición se unió para frenar a Evo Morales.

En este complejo contexto, hay quienes creen que ni siquiera una nueva votación detendrá la convulsión, porque el perdedor jamás aceptará al vencedor. Ante el pronóstico de futura ingobernabilidad, aparece la idea de la solución de la disputa por la fuerza.