Lo que arrancó como un pedido de segunda vuelta después de las elecciones generales del domingo 20 de octubre se está convirtiendo en una demanda de renuncia del presidente Evo Morales mientras el Gobierno asume una actitud tozuda respecto a la crisis política en Bolivia que ya lleva siete días.
En el cabildo realizado esta tarde en la avenida Costanera de La Paz se escucharon voces que demandan la salida de Morales como solución al conflicto social que derivó en ataques violentos de seguidores del Presidente contra vecinos que bloquean pacíficamente las calles denunciando fraude electoral.
"El señor Morales ya no tiene autoridad moral para gobernar Bolivia, debe irse" demandó esta tarde Ángela Vizcarra, una joven activista. Como ella otros jóvenes que salieron a las calles con la bandera boliviana en las espaldas -como si se tratase de una capa de súperhérore- también demandan la renuncia del Jefe de Estado que el pasado sábado llamó a sus "movimientos sociales" a cercar las ciudades como castigo por el paro que realizan.
El vicepresidente Álvaro García Linera ya percibió ese cambio de posición de la ciudadanía aunque su lectura es la misma hipótesis del partido oficialista: Golpe de Estado. “Ayer parte del grupo que está junto con Mesa ya no quiere auditoría ni segunda vuelta, ahora dicen que hay que anular las elecciones. Además, ya han propuesto la renuncia de Evo Morales, eso se llama golpe de Estado” dijo esta mañana en conferencia de prensa.

Pese a este viraje en la opinión pública y más de 40 heridos por los ataques violentos, el Gobierno reforzó sus amenazas. Esta noche, los dirigentes de los llamados "movimientos sociales" del MAS dieron un plazo de 48 horas a los ciudadanos movilizados para que suspendan el paro, de lo contrario -según advirtieron- 40 mil mineros despejarán a "punta de dinamitas" los puntos de bloqueo.