Conocida la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), colocar el énfasis en demandar juicios que deberían afrontar los autores materiales e intelectuales de la sentencia que autoriza la reelección continua, tiende a repetir un ciclo estéril y vicioso.

¿Quién?, ¿cuándo? y ¿cómo? son las tres primeras preguntas sobre la posibilidad real de que tales procesos se realicen y logren resultados. Completamente conscientes de que ese camino está cerrado por sus propias fuerzas, representantes del Gobierno indican que la única consecuencia de la Opinión Consultiva sería que el propio TCP “compatibilice” la sentencia por reelección continua, con el fallo de la CIDH.

Quieren así esconder que no puede encomendarse a criminales que decidan la forma y los tiempos en que enmendarán su delito.

Los actuales miembros del TCP no dictaron la monstruosa sentencia que publicaron sus antecesores, simultáneamente al momento en que cesaban sus funciones; pero, inclusive antes de posesionarse, la defendieron y sostuvieron hasta hoy.

Por eso, la primera consecuencia de la Opinión Consultiva debe ser la renuncia inmediata de los titulares del TCP.

Tienen que irse, ya mismo, porque la muy demorada decisión de la CIDH, vuelve a transparentar que son cómplices de delitos contra nuestra Constitución, la democracia y la soberanía del pueblo.

Son parte de la maquinaria que consumó un golpe y un fraude, en varios actos, que ha acarreado muertes y sufrimiento a todos los sectores confrontados, incluyendo a militantes y base del oficialismo.

El golpe para suspender y reformar la Constitución, mediante acción conjunta del Ejecutivo, Legislativo y TCP, se inició cuando la cúpula del MAS anunció que anularía, de cualquier manera, los resultados del referendo constitucional de 2016.

Escogieron para hacerlo, emplear la extorsión sobre los miembros del TCP que, casi todos, ya tenían juicios por corrupción, acumulados y manejados por la Asamblea Legislativa, dominada en más de 2/3 por el MAS. Fueron legisladores de esa formación política y sus cómplices, opositores cooptados, que presentaron el recurso, ante el domesticado TCP, para declarar inconstitucional a la Constitución que juraron defender.

Obtuvieron de ese modo una monstruosa sentencia que reforma ilegalmente nuestra Constitución, burlando la ineludible consulta popular que requiere cualquier reforma, y de paso, anulando la voluntad soberana expresada en 2016, sin siquiera aludirla; todo, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En los hechos, al otorgarle poderes extraordinarios al TCP, esa sentencia suspende la Constitución.

Ese genuino golpe Estado abrió paso a un proceso de fraude que no se limita a los hechos ocurridos en el día de las elecciones nacionales de 2019, sino abarca la cadena de arbitrariedades para controlar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante manipulación de su personal, amenazas y presiones, ampliamente documentadas y cometidas por más de dos años.

Deben allá incluirse las llamadas “elecciones primarias” y el milagroso cambio de las cifras de adherentes del oficialismo y la inacción sobre falsas inscripciones en todos los partidos y coaliciones.

Todo ello hace indispensable la inmediata renuncia de los miembros del TCP que, al defender las acciones golpistas y anticonstitucionales de sus predecesores, están inhabilitados para seguir ejerciendo sus cargos.

De hecho, la renuncia de los miembros del TCP, recuperando la inmediata y plena vigencia de la Constitución, equivale al primer paso para reformar el sistema judicial, convertido en brazo partidario y administrador de injusticias e ilegalidades.

Para la aplastante mayoría de bolivianas y bolivianos, el lenguaje leguleyesco y la disputa partidista sobre fraudes y golpes, resulta ajena y ofensiva al dolor e incertidumbre que conlleva el ir y volver de las olas de la pandemia, de la pérdida de empleos, de la casi inexistencia de la instrucción en las escuelas.

En esas circunstancias, podría resultar difícil entender la relación inseparable entre encarar esos problemas y contar con un sistema de administración de justicia, elementalmente autónomo y confiable.

Todas las voluntades, todas las voces necesitan concentrarse en poner de manifiesto que resistir la enfermedad, el hambre, el desempleo pasa por demandar un sistema de justicia creíble, que debe reformarse, empezando con la salida de quienes encabezan y simbolizan su degradación.