"El 5 de junio fuimos notificados en el Concejo Municipal con una nota, un informe de la Contraloría, que señala que, como Concejo, tenemos 20 días hábiles para aperturar un proceso administrativo contra el Alcalde y tres servidores públicos de su equipo jurídico", explicó el edil Pablo Arízaga, luego de que el pleno aprobara la recomendación de la Comisión de Ética.

Según la decisión que asumieron los concejales, el proceso se abrió "por el (presunto) incumplimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría N° GH/EP22/L9 T5, emergente de la auditoría especial sobre la recaudación y los gastos de recursos provenientes de la tasa de alumbrado público (2007-2012) y los viáticos del presonal ejecutivo (2008-2009)".