El Comité pro Santa Cruz pretende llevar ante la Corte Penal Internacional al expresidente Juan Evo Morales y procesarlo por delitos de lesa humanidad, presuntamente cometidos por él y sus ministros durante sus años de Gobierno, a través de la OEA.

El abogado del Comité, Martín Camacho, informó que tras el éxito alcanzado con la opinión consultiva de la CIDH 28/2021 que no solamente manifestó que la reelección indefinida no es un derecho humano, sino que es contraria a los principios de una democracia representativa, el primer paso será reunir la mayor cantidad de pruebas contra Morales y el MAS.

Para ello, instó a los familiares de las víctimas, de los fallecidos, heridos, torturados, a los presos y perseguidos políticos durante los años de gobierno del MAS “a que se acerquen al equipo jurídico del comité para prestar declaraciones a efectos de tener mayores elementos para esta denuncia ante la Corte Penal Internacional.

Entre los casos están el enfrentamiento entre mineros asalariados y cooperativistas (2006), en los que hubo 12 muertos y 60 heridos; La Calancha, en Sucre, tres muertos por disparos de armas de fuego y 130 heridos (2007). Masacre de Porvenir – Pando (2008), 13 muertos, 53 heridos. En 2009 el caso del Hotel Las Américas, tres muertos por ejecuciones extrajudiciales. En 2010, pobladores de Alto Beni se enfrentaron a comunarios de Caranavi, dos muertos, decenas de heridos. En 2012, campesinos pedían la renuncia del alcalde del MAS de Yapacaní; la Policía intervino la protesta y hubo tres fallecidos.

En 2013, erradicadores de coca ingresaron a las comunidades de Apolo causando la muerte a cuatro personas. En 2014, el enfrentamiento entre policías y cooperativistas por la Ley Minera provocó dos muertos y 60 heridos. En 2016, mineros cooperativistas y policías se enfrentaron en el sector Panduro, causando cinco muertos, entre ellos el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

En 2018, en La Asunta hubo otros dos muertos por choque entre policías y cocaleros. En 2019, desató la violencia con dirigentes pagados para enfrentar a la población. Hubo 35 fallecidos, más de 200 heridos. En 2020, ordena el bloqueo de carreteras y cerco a las ciudades para que no ingrese el oxígeno. Más de 30 muertos por falta de oxígeno. En 2021 pretende retomar el poder con manejo indiscriminado de la justicia, el control al Gobierno y una Asamblea Legislativa servil y obediente a sus designios autoritarios.

Por su parte, el jurista Jorge Valda señaló que los delitos por los que se denunciará a Morales son asesinatos, genocidios, terrorismo, deportación, encarcelamiento ilícito, tortura, persecución por motivos políticos o raciales, además de desaparición forzada de personas. Entre las más de 20 causas se involucran sucesos que, aunque ocurrieron hace más de 10 años, el estatuto de Roma establece que son imprescriptibles.

El senador del MAS por La Paz Félix Ajpi comentó: “Qué se puede esperar, ahora resulta de los golpistas quieren voltear la tortilla y poner a nuestro jefe nacional en el banquillo de los acusados. Yo considero que ellos son los que debieran ir, por irresponsables, a todas las cortes internacionales del mundo. Lo que ha ocurrido con ellos en Bolivia es terrible”.