El Estado Plurinacional de Bolivia recibe hoy, con esperanza de hacer justicia, el informe preparado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) sobre los actos de violencia entre noviembre y diciembre de 2019.

Líderes de comités cívicos, plataformas ciudadanas y partidos políticos de derecha, a través de los medios de comunicación y redes sociales, posicionaron, antes y después de la elección presidencial del 20 de octubre de 2019, la narrativa de fraude electoral para justificar una derrota en las urnas.

A eso se sumó el motín de la Policía Boliviana y la decisión del Alto Mando de las Fuerzas Armadas (FFAA) que sugirió al entonces presidente Evo Morales renunciar a su mandato en franco desacato a su autoridad, perpetrando el golpe de Estado que luego instauró el régimen de facto con Jeanine Añez.

Foto: Archivo-Wikipedia

Ese gobierno inconstitucional, en su afán de pacificar el país, instruyó la represión militar y policial que cobró la vida de 37 personas por impactos de bala en Sacaba, de Cochabamba, y Senkata, de El Alto de La Paz, la violación sistemática de los derechos humanos, el encarcelamiento ilegal, entre otros delitos.

JUSTICIA-REPARACIÓN

En ese contexto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó que el informe del GIEI permitirá que el pueblo boliviano conozca la verdad de lo ocurrido para que se inicien las acciones que correspondan en el marco de las conclusiones y recomendaciones que emanen de él.

“Se van a realizar recomendaciones para el pueblo boliviano respecto a la investigación de la vulneración de los derechos humanos, las responsabilidades que existen sobre los que han cometido la violencia contra el pueblo. Hace recomendaciones al Gobierno, especialmente en lo que se refiere a la reparación de la vulneración de los derechos humanos a las víctimas”, sostuvo.

“Sabemos que hay mucho que hacer con la reparación a las víctimas por el terrible daño en el caso de las masacres y de las personas asesinadas que es irreparable. Seguiremos el camino de la justicia y la reparación de daños”, añadió.

ESPERANZA

En esa línea, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quisbert, en declaraciones a radio Patria Nueva, dijo que aguardan con mucha esperanza el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes porque marca el camino en la búsqueda de justicia contra los autores de los hechos de violencia.

“Nosotros estamos a la espera de que sea favorable para un juicio de responsabilidades por las muertes que hubo (…). Esperamos que nos den un camino para avanzar en la justicia que tanto buscamos”, manifestó.

Coincidió con ese mismo criterio el representante de las víctimas de Sacaba, Gerardo Puma, quien agregó que además se demostrará el uso de armas de fuego contra pobladores en la comunidad de Huayllani del municipio de Sacaba.

“El dolor sigue latente en Bolivia y con este informe esperamos se logre canalizar la justicia que es anhelada por madres y padres que perdieron a sus hijos, esposas que perdieron a sus esposos; otros que fueron detenidos y que padecieron tortura”, expresó.

CERTIDUMBRE

Asimismo, el analista político César Navarro aseguró que el informe del GIEI dará certidumbre de lo ocurrido en 2019, pero que no se debe olvidar que el que solicitó la presencia de este grupo especializado fue el gobierno de Jeanine Añez, después que rechazó el presentado por la CIDH en el que se constata el delito de masacre y la violación de los derechos humanos.

“En el informe preliminar de diciembre de 2019 de la CIDH se establece con absoluta claridad que hubo masacres en Sacaba y Senkata. Ese es el elemento que marca la diferencia entre la opinión que tenían Arturo Murillo, Jeanine Añez y Jerjes Justiniano, que decían que los que murieron en esas regiones fue un autoasesinato y que las balas que salieron no fueron de los militares y de los policías, sino de los mimos movilizados”, precisó el también ex ministro de Minería.