Ya están en Bolivia. Los seis especialistas que son parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentarán este martes el informe sobre la crisis de 2019 que dejó 37 personas fallecidas debido a “excesos y omisiones” cometidos por agentes estatales en la crisis de 2019.

El reporte llega en medio de quejas a la administración judicial, que en los últimos meses apuró sus decisiones contra los opositores a Evo Morales y congeló los casos planteados contra seguidores del MAS que en 2019 salieron a defender al exmandatario ante las protestas que reclamaron nuevas elecciones.

Los primeros fallecidos por efecto de esta crisis son los ciudadanos Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas. Ambos fueron alcanzados por proyectiles de arma de fuego el 31 de octubre de 2019, cuando ingresó un grupo de ciudadanos vinculados con el MAS para desactivar los bloqueos que se instalaron en el barrio Cofadena de Montero, ubicado a 50 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.

El hijo de Marcelo Terrazas, quien lleva el nombre de su padre, informó ayer a EL DEBER que su familia fue contactada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la entidad que contrató al GIEI, para la entrega del informe. “Aún no sabemos si será en Santa Cruz o Montero, no nos han confirmado”, afirmó.

“Pero la investigación para esclarecer la muerte de mi padre ha quedado detenida, porque han liberado a todos los que recibieron detención preventiva y el caso ha quedado impune”, señaló Terrazas. Reveló que el GIEI conversó con su familia en diciembre de 2020 y luego en marzo, cuando “se hizo una indagación más profunda sobre lo que ocurrió con el cuadernillo de investigaciones”.

La justicia liberó a todos los sospechosos, incluido a Facundo Molares, exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que estaba en un coliseo de Montero, cuando se produjo el estallido de violencia en esa ciudad cruceña. También liberaron a la exdiputada Deisy Choque y a todos los miembros del MAS, que habían sido señalados por el hecho de sangre.

“A pesar de haber presentado la acusación en septiembre de 2020, no se ha podido instalar el juicio. Desde septiembre del año pasado, lo único que ha llevado a cabo el Tribunal de Sentencia de Montero fueron audiencias para liberar a todos acusados”, entre ellos también a Martín Serna Ponce, “quien estuvo ligado al grupo irregular peruano MRTA”, señaló Martín Camacho, abogado de familiares de las víctimas de Montero.

El jurista consideró que no tendría que haber una amnistía para los acusados porque se trata de delitos comunes. “Estoy casi seguro que el informe del GIEI incorporará un reproche al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por la falta de celeridad, no solo por este caso, sino por otros como el de Senkata y Sacaba”, añadió.

Calendario

El abogado chileno Jaime Vidal, secretario ejecutivo del GIEI, fue el primero en llegar ayer al aeropuerto de El Alto. En un breve contacto con los periodistas, dijo que el documento que se hará público hoy “es el resultado de un trabajo muy amplio” y pidió seguir de cerca el contenido del reporte.

Ayer también llegó Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el acompañamiento en la presentación de este esperado reporte.

De acuerdo con el cronograma del GIEI, el informe final de las investigaciones será presentado a las 15:30, en La Paz. Luego, el grupo visitará cinco departamentos para reunirse con las víctimas y exponer las conclusiones de su trabajo.

El ministro de Justicia, Iván Lima, resaltó el carácter independiente de los especialistas y anticipó que el presidente Luis Arce recibirá esta mañana al GIEI para formalizar la entrega del informe final. Lima también explicó que los expertos se dividirán en dos grupos para poder presentar su trabajo a las víctimas de la crisis.

El miércoles se reunirán con los familiares de las víctimas de Senkata y Sucre; el jueves estarán en Sacaba y Potosí. La gira se cierra el viernes en Montero, de acuerdo con el cronograma divulgado.

En el caso de Sucre, los expertos presentarán su informe sobre la denominada “Caravana del Sur” y “Caravana Minera” que en noviembre de 2019 partieron rumbo a La Paz con la participación de integrantes de organizaciones ciudadanas y sociales que fueron “víctimas de hechos de violencia y vulneraciones de derechos humanos”, según la invitación oficial.

En Senkata, la Iglesia San Francisco de Asís fue preparada para recibir a los especialistas y se instalarán parlantes fuera del templo para que las personas puedan escuchar el contenido de reporte, guardando las medidas de bioseguridad que impone la actual pandemia de coronavirus.

“Esperamos una investigación imparcial de cualquier violación de derechos humanos. Tanto las que se pudieron cometer de parte de Evo Morales, como las que se pudieron cometer en el gobierno de transición. A partir de esa investigación imparcial, esperamos juicios justos. Caiga quien caiga”, dijo a EL DEBER Regys Medina, el alcalde de Montero que en 2019 fue parte del movimiento cívico.

“Explicarán su informe y van a decirle al mundo que en Bolivia ha habido una situación de grave vulneración a los derechos humanos entre septiembre y diciembre. Nos van a decir, en este documento, además de sus conclusiones, cómo le reparamos integralmente el daño a las víctimas que han sufrido durante ese periodo. Es un momento histórico”, afirmó Lima.

El informe del GIEI fue entregado al Gobierno el 23 de julio y dio 10 días para la presentación de sus observaciones. Vencido el plazo, el 5 de agosto, la administración del presidente Luis Arce envió sus comentarios y se hizo la edición final del reporte.

Lima adelantó de manera general que el resultado de la pesquisa gira en torno a los valores de “verdad, memoria y verdad”. Más allá de la reparación de daños, el ministro no anticipó otro criterio.

En cambio, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, señaló que el contenido del informe fue aceptado en el oficialismo. “Estamos de acuerdo y el informe es muy positivo. Esto será un elemento fundamental para que se esclarezcan los hechos de la masacre de Sacaba y Senkata”, afirmó.

Desde el trópico de Cochabamba, el senador Leonardo Loza (MAS) informó que los legisladores de su partido evaluarán el contenido del informe tras la presentación formal del mismo.

A pesar que la agenda del GIEI no lo contempla, en el Gobierno no descartaron la posibilidad de que los especialistas visiten el trópico de Cochabamba, donde está la raíz política de Evo Morales, uno de los protagonistas de la crisis de 2019 que aún no fue citado por la Fiscalía en este caso.

“Esperamos que tratándose de una institución como es la CIDH, que ha mandado un equipo independiente, el resultado sea equilibrado, sea correcto y el informe ayude al esclarecimiento que el país busca en este contexto”, afirmó ayer el expresidente Carlos Mesa y líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC).

Polarización

El MAS, que demandó a varios de sus adversarios políticos por un supuesto “golpe de Estado”, espera que el reporte aporte nuevos elementos para sustanciar procesos instaurados contra la expresidenta Jeanine Áñez. De hecho, ya hay una proposición acusatoria de genocidio por Sacaba y Senkata

Tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la reelección indefinida, desde la oposición cobran fuerza los procesos legales contra el expresidente Morales, que quiso ser reelegido en 2019 por encima del límite legal.