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Medio: El Diario
Fecha de la publicación: martes 17 de agosto de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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El expresidente Carlos Mesa Gisbert señaló que tanto Evo
Morales como los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
deben ser procesados mediante un juicio de responsabilidades al haber permitido
una candidatura ilegal argumentando un derecho humano. Oficialistas manifiestan
que la opinión consultiva se aplicaría en 10 años.
Mesa precisó que no existe un fallo de la Corte IDH como
tal, lo que existe es una interpretación del artículo 23 de la Convención
Americana, que indica que se ha cometido un delito al permitir la postulación
de Evo Morales en los comicios del 2019.
“La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una interpretación aclaratoria de
los alcances del artículo 23 de la carta interamericana de derechos humanos,
eso es fundamental, ahí no existe por lo tanto un fallo que comienza a
aplicarse desde el momento en que ha sido dado. No ha habido ningún fallo, ha
habido una interpretación que demuestra que se cometió un delito”, indicó.
Sostuvo que dicha interpretación establece que el Tribunal
Constitucional cometió un delito al permitir que Morales use el mencionado
artículo para beneficio personal y participe de unas elecciones para las que no
estaba habilitado.
“Ambos delitos deben
ser juzgados en un juicio de responsabilidades no hay tal, lo que dice el
gobierno sobre que este caso estuviera cerrado y no hay retroactividad, claro
que no la hay, nadie habla de eso, es el incumplimiento del artículo 23, que no
se ha modificado una sola línea, y por lo tanto está plenamente vigente”, dijo.
Señaló que por estas acciones se debe abrir un juicio de
responsabilidades al ex presidente Morales y a los miembros del TCP que
aprobaron el mecanismo para apelar al artículo 23.
Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de
Diputados, Freddy Mamani Laura, descartó la posibilidad de que se inicien procesos
como se pide desde la oposición, porque no se contempla la retroactividad y en
caso de iniciar un debate al respecto, este tendría lugar en diez años, en caso
de que los actuales gobernantes intenten acceder a un tercer mandato.
“En el caso de Bolivia tendría que darse una situación de un
tercer mandato para poder discutir esta opinión consultiva y esto solo es una
posibilidad que podría darse recién después de 10 años. En este caso tendríamos
que esperar, estamos iniciando, ni siquiera cumplimos el primer año de nuestra
gestión” indicó Mamani.



