Mediante exhorto suplicatorio el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz notificó al exdirigente de la subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, con la acusación formal contra los policías involucrados en la represión a indígenas en Chaparina en 2011. Sin embargo, la Fiscalía dejó fuera del proceso al exministro Sacha Llorenti.

El 25 de septiembre del 2011 un contingente policial reprimió a 1.500 indígenas de Beni, entre los cuales había niños, que participaron de la “VIII Marcha” en defensa de Territorio Indígena y del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y contra la construcción de una carretera por medio del Tipnis.

Producto de este hecho quedaron 100 personas heridas y 200 detenidas. En ese momento Llorenti fungía como titular del Ministerio de Gobierno.

La dirigencia indígena y activistas denunciaron en la vía penal a la autoridad, el expresidente Evo Morales y los miembros de la Policía que tuvieron participaron del operativo en Chaparina para desarticular la movilización que se dirigía a la sede de gobierno.,

“En la resolución conclusiva del Ministerio Público están acusando a los policías y nos están diciendo si nos vamos a adherir o vamos a hacer una acusación particular. (…) No esta Sacha Llorenti en la acusación del Ministerio Público”, dijo Vargas, en contacto con Página Siete.

Hace días, el Tribunal de Sentencia del Décimo del TDJ La Paz emitió un exhorto suplicatorio para que se notifique a Vargas con la acusación formal contra los autores materiales de la represión en 2011. Los uniformados imputados son: Óscar Muñoz, Luis Zapata, Edwin Durán, Ricardo Cadima, Carlos Flores y Henry Terrazas.

Según el documento de la Fiscalía, los delitos por los cuales se les acusa son privación de libertad, vejámenes y torturas, lesiones graves y leves con agravante de víctimas, porque son niñas, niños y adolescentes. Además de coacción, incumplimiento de deberes y allanamiento de domicilio y sus dependencias.

El exdirigente indígena manifestó que consultó con su abogada y se adherirá a la denuncia de la Fiscalía como parte querellante. Pero lamentó que del proceso quede eximido  Llorenti, quien es actualmente secretario ejecutivo del ALBA-TCP, con sede en Caracas (Venezuela).