El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó  los sucesos de 2019,  presentará hoy su informe final. Desde el oficialismo indican  que el documento no es de cumplimiento obligatorio. Al respecto,  Comunidad Ciudadana (CC),  la primera fuerza de oposición en el Legislativo,  expresa sus dudas sobre el documento y teme que el MAS sólo haga cumplir lo que le convenga.

“Los hechos concretos, los hechos objetivos que se han presentado en noviembre de 2019 son contundentes. No es necesario estos informes, reitero, porque no son coercitivos, no tienen un mandato de cumplimiento obligatorio, sino son estudios que han realizado estos organismos, que no va a contrastar, no va a cambiar la realidad que ha existido en el país”, dijo el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor,  Jorge Silva.

Indicó que está en la memoria de la población que en 2019 hubo masacres en Senkata y Sacaba, persecución y encarcelamientos, y que en ese marco las autoridades deben continuar con la investigación para identificar a los responsables y sancionarlos como corresponde.

Por su parte,  la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, apuntó: “Las recomendaciones que se van a hacer ahí (en el informe del GIEI) son como suele ser en estos casos: recomendaciones para el Estado boliviano, en el marco de lo que hace una investigación (…). Este organismo internacional lo que hace son recomendaciones al Estado boliviano,  especialmente para lo que hace a la reparación de los derechos humanos de las víctimas”.

La autoridad añadió que en ese aspecto,  el Gobierno  ya inició ese trabajo desde que asumió; no obstante, indicó que aún queda mucho por hacer en cuanto a la reparación, “fundamentalmente en el caso de las masacres”.

Respecto al informe del GIEI, en CC  temen   que en cuanto a las recomendaciones el MAS sólo haga cumplir las que le convengan políticamente.

“Habrá que ver si el trabajo del grupo de expertos ha cumplido las expectativas del pueblo boliviano en su conjunto, no sólo del MAS, de que éste sea un trabajo realmente objetivo, imparcial e independiente,  y que cubra todos los escenarios de violencia que hemos vivido. Esperaremos el informe y lo valoraremos, pero ya el Gobierno da la práctica reiterativa de que todo lo que no le conviene no lo cumplen ni lo respeta”, expresó el jefe de la bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón.

Por su parte,  la senadora de la misma fuerza política Andrea Barrientos señaló: “Lo que esperamos del informe es que sea un informe imparcial,  que así cómo considera Senkata y Sacaba, considere las muertes en Cochabamba y en Montero, las violaciones de derechos humanos en Vila Vila, porque así debería hacerse un informe de esta magnitud. Tenemos nuestras dudas respecto al procedimiento. Lo habíamos denunciado en su momento, ha sido la Defensoría del Pueblo, quien responde al MAS, la encargada de hacer las reuniones al GIEI”.

El grupo de expertos arribó al país ayer y en el marco de la presentación de su informe sobre los sucesos de 2019 realizarán una gira nacional, hasta el 20 de agosto, por Senkata (El Alto), Sucre (Chuquisaca), Sacaba (Cochabamba), Potosí y Montero (Santa Cruz). 

“Hemos estado trabajando ocho meses desde la instalación del GIEI, el 23 de noviembre del año pasado, el 2020, y hemos tenido un trabajo del equipo técnico en terreno, aquí en Bolivia,  gran parte de esos ocho meses. Aparte,  hemos tenido toda la presencia de los expertos y las expertas que han estado viajando a Bolivia constantemente. Es un trabajo muy amplio”, informó Jaime Vidal, secretario ejecutivo GIEI, en un contacto con el canal estatal.

El lanzamiento público del informe por parte del grupo de expertos está previsto para las 10:30 de este martes en el Banco Central de Bolivia, en La Paz.

Del acuerdo  al informe final

• Acuerdos    Bolivia suscribió un  acuerdo con la CIDH  para investigar la  vulneración de derechos humanos, entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019. El documento fue firmado el 12 de diciembre de 2019  por  la entonces canciller nacional Karen Longaric y el entonces secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
• Protocolo  Casi un año después, el 23 de noviembre de 2020, se firmó el protocolo de actuación anexo al acuerdo entre el canciller Rogelio Mayta, el presidente de la CIDH, Joel Hernández, y la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido. 
• Expertos  El 23 de noviembre de 2020, el GIEI comenzó oficialmente su trabajo. El grupo de expertos estuvo conformado por el argentino Juan Méndez, expresidente de la CIDH; el británico Julian Burger, profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex; la colombiana Magdalena Correa, abogada experta en derecho constitucional económico; el brasileño Marlon Weichert y la argentina Patricia Tappatá, directora del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos-Unesco, con sede en Buenos Aires.
• Informe  El GIEI entregó al Gobierno boliviano el informe final el 23 de julio. El Ejecutivo  tuvo 10 días para hacer comentarios al trabajo. El informe se presentará esta jornada   en la ciudad de  La Paz. Después, los expertos realizarán una gira nacional, hasta el 20 de agosto, por Senkata (El Alto), Sucre (Chuquisaca), Sacaba (Cochabamba), Potosí y Montero (Santa Cruz).