Cerca de 300 indígenas de la Amazonía, Chaco y Chiquitanía del país instalaron un punto de bloqueo en la carretera que une a los municipios de San Ignacio de Mojos y San Borja, en Beni, exigiendo al Estado viabilizar sus demandas de acceso a la autonomía indígena y la conclusión de los procesos de saneamiento de tierras a favor de estos pueblos, entre otros.

El punto de bloqueo se encuentra a 5 kilómetros de San Ignacio, a la altura de la intersección de la carretera a la comunidad Monte Grande del Apere y el municipio de San Borja. 

“Queremos que nos respeten como pueblos indígenas, queremos ser parte del Estado Plurinacional, que no solo lo sea en papeles, sino que los pueblos indígenas también tenemos derechos (…) y queremos ser escuchados por las autoridades nacionales, departamentales y municipales; queremos el respeto a nuestra autodeterminación”, indicó la presidenta del Territorio Indígena Multiétnico (TIM I),  Aurora Limpias Zeballos.

El bloqueo se instaló luego de una marcha que realizaron desde Puerto San Borja, en conmemoración de la Primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990. Las delegaciones que llegaron a este punto pertenecen al  Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), la Central Río Cercado Mamoré, la Subcentral de la Comunidad Bella Selva, la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), la Subcentral de Mujeres Movima (SMIM), la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerio (CICOL) de Santa Cruz, el Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos, la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el Territorio Indígena de la Nación Cavineña, el Territorio Indígena Chimán (TICH), además del Territorio Indígena Multiétnico (TIM I). 

Al pliego inicial de demandas del TIM I, para que el Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y Tribunal Constitucional viabilicen su acceso a la autonomía indígena, las organizaciones sumaron otras referidas a la solución de los conflictos agrarios al interior de sus territorios y que se encuentran pendientes en el INRA, la consolidación de sus derechos propietarios y la resolución de los conflictos territoriales con terceros.

Sus demandas también implican a los gobiernos municipales que se encuentran dentro de sus territorios a los que demandaron el respeto y reconocimiento de sus autoridades electas a través de normas y procedimientos propios, la coordinación con ellas y ellos para la ejecución de acciones al interior de los territorios, y el respeto de los presupuestos destinados para los distritos municipales indígenas, entre otros.

El pliego de peticiones también involucra el ejercicio de derechos como el acceso a la educación y a la salud con la dotación de más ítems, y la construcción de infraestructura para la prestación de estos servicios; así como la dotación de servicios básicos como electricidad, agua potable y comunicación.

“Estas demandas nacen de las comunidades y sus organizaciones en el marco de la democracia comunitaria y que hoy las dirigencias hacen cumplir. Reconocidos por la Constitución Política del Estado, el convenio 169 de la OIT y a la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas hoy presentes consensuamos y definimos la presente plataforma de lucha de legítimas demandas, las cuales exigimos sean cumplidas por los distintos niveles del Estado”, mencionan en su pliego.

Las organizaciones indígenas aseguran en este documento que el Estado aún mantiene prácticas burocráticas, discriminatorias y de exclusión hacia este sector, e hicieron un llamado a otros sectores, organizaciones y personas a sumar sus demandas a esta plataforma de movilización.