Los aportes “voluntarios” exigido por el MAS a los funcionarios públicos siempre fueron conocidos, pero hace años se negaba tal situación. Recuerdo que cuando las denuncias se filtraban a la prensa, no faltaba el dirigente que se sentía ofendido y aseguraba que “algunos compañeros aportaban voluntariamente”, pero que no había ningún descuento por planilla u obligatorio a todos los funcionarios públicos.

Yo trabajé en un viceministerio durante seis meses, en un proyecto financiado por Naciones Unidas, de modo que, en realidad, yo estaba contratado por la ONU, aunque ejercía mis funciones en la entidad estatal. Yo fui testigo del método de cobranza arbitrario que se ejercía contra mis compañeros. Por ese entonces, estaba llegando a La Paz la denominada “contramarcha” de gente del TIPNIS afín al gobierno. Dos personas ingresaron a la oficina y comenzaron a cobrar, escritorio por escritorio, cincuenta bolivianos para apoyar a los marchistas. Nadie se quejó y entregaron el aporte “voluntariamente”.

Además, esos mismos cobradores, luego de unos días volvieron para indicar que había que ir al recibimiento de los marchistas y designaron las funciones que se debían cumplir: algunos compañeros debían ser parte del público, aplaudidores; otros, debían marchar; a otros les tocaba repartir refrigerios…

Muchos colegas de esa oficina no eran del partido, pero eran extorsionados, pues, si no entregaban los aportes, serían despedidos, tal como ya había sucedido con algunos rebeldes. No obstante, en los medios de prensa, los ministros desmentían estos cobros irregulares e incluso decían que se harían investigaciones para sancionar a los responsables.

En tal sentido, no sé si es un alivio que ahora el MAS haya decidido transparentar estos “aportes voluntarios”, fijando una escala de acuerdo a los salarios que ganan los funcionarios. La hipocresía indigna, de modo que sí, se puede pensar que el MAS está cambiando sus malas artes, aunque la práctica extorsiva sigue vigente, siempre camuflada tras ese eufemismo irritante: aporte voluntario.

El alivio es para las autoridades, que ya no tendrán que mentir, y solo dirán que los aportes son determinación del congreso de su partido, punto. Pero esta actitud cínica, de total irrespeto a los derechos laborales y a la libertad individual, es preocupante. El MAS ya no quiere guardar las formas; sobre todo Evo Morales, quiere demostrara que, aunque no es presidente, él es quien manda, y por demostrar su poder abusivo está dispuesto a lo que sea.

Es más, ese es el fin, demostrar que puede pisotear cualquier derecho, que puede humillar al actual presidente, que puede usar bienes públicos, porque su poder es ilimitado, y que nadie se olvide de ello. Es la estrategia del terror, lo que todo dictador, o aspirante, hace en algún momento. Primero, empieza con el populismo y la hipocresía, encantar a los votantes; luego viene la etapa de sacarse la máscara y aterrorizarlos.

Obviamente, estos aportes voluntarios socavan los cimientos de la institucionalidad, porque los mandatos de un partido quedan por encima de las normas legales, de los derechos, y porque apuntan a que todos los funcionarios públicos sean militantes del MAS, es decir, que los méritos no valen nada si no hay el aval del carnet de militancia, y mejor aún, el aval de un dirigente, a quien (como me reveló un colega de cuando trabajé en aquel viceministerio) hay que darle un porcentaje del salario por la recomendación. Corruptelas menores, se podría decir, pero que tienen un mismo origen: la extorsión a los funcionarios, ahora aceptada y normada por el partido gobernante.

Lo que se viene a corto plazo es una escalada de la corrupción, pues los funcionarios tienden a recuperar los aportes y descuentos. Y la corrupción es imposible sin el visto bueno de los superiores, quienes a su vez tiene superiores y así sucesivamente. No es que en Bolivia no haya habido corrupción antes del MAS, lamentablemente es una práctica con la que hemos aprendido a convivir. Pero siempre se espera que el gobierno haga todo por erradicarla, no que la incentive indirectamente al extorsionar a los funcionarios, militantes o no.

El dinero que recauda el MAS se emplea en varios fines, como movilizar gente y generar violencia en las calles, ¿o alguien cree que Gustavo Torrico patea gente en el suelo gratis?

Hace unas semanas reapareció el tristemente célebre exministro de Defensa, Javier Zavaleta, y declaró, sin asomo de vergüenza, que el gobierno de Morales no sacó a al ejército a las calles, que no provocaron ninguna muerte, que prefirieron renunciar antes que reprimir al pueblo. Lo que no cuenta es que financiaron la movilización de gente para que haya enfrentamiento civil, y que fruto de esos enfrentamientos se dieron las primeras muertes durante los conflictos de 2019.

Ese financiamiento de la violencia lo pagamos nosotros, porque los salarios de los funcionarios públicos se pagan con el dinero de todos los bolivianos y bolivianas, y de ahí provienen los “aportes voluntarios”.

Y claro, ahora, Evo Morales se pasea por los cielos gracias a esos aportes que de voluntarios no tienen más que el nombre. Evo sigue dándose la vida que se daba cuando era presidente, y ahora, de manera indirecta, la seguimos financiando los ciudadanos y ciudadanas que pagamos impuestos.