Una larga historia inconstitucional. Desde 1825 a 2005 utilizaron todos los subterfugios para torcer a su antojo las constituciones, ajustaron las leyes a su conveniencia y beneficio, fueron los escribanos de los decretos y las leyes de Mariano Melgarejo y se beneficiaron de ellas, aceptaron dinero a cambio de entregar el mar y el Acre. En sus constituciones jamás figuraron las mujeres ni los pueblos indígenas. Ahora aparecen en los medios de comunicación dándonos clases de constitución, alegando que poco importa que el pueblo vote por más del 50 por ciento por un candidato. “Alternancia”, dicen, quienes gobernaron 180 años, perdieron tres guerras y nos convirtieron en el país más pobre del continente.

Ante el silencio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), “los demócratas” bolivianos permitieron la postulación a la presidencia, nada menos que del dictador Hugo Banzer Suárez. En los años 90 torcieron del derecho y del revés el articulo 139 de la anterior constitución que instruía taxativamente que los yacimientos de hidrocarburos son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado y que ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos.

“Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados corresponden al Estado”, expresa el articulo 139 de la anterior Constitución, sin embargo, “los demócratas” neoliberales los vendieron igual.

“La capitalización es inconstitucional”, les había dicho Édgar Oblitas Fernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero lo destituyeron y luego lo metieron a la cárcel.

El 21 de marzo de 1994, mientras el Padre Pérez Iribarne y Carlos Palenque se halaban de los pelos, y Bolivia estaba a punto de clasificar por primera vez a un Campeonato Mundial de futbol, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín destituyeron a Édgar Oblitas y promulgaron la ley de capitalización.

En las narices de los medios de comunicación remataron YPFB, ENDE, ENTEL, ENFE y el LAB, Telecomunicaciones, electricidad, petróleo, gas, ferrocarriles, líneas aéreas, desmantelaron el Estado. Y ahora nos vienen a hablar de la Constitución.

Crearon una partida presupuestaria para sobornaran militares, policías y periodistas, Gastos Reservados se llamaba. Hoy se definen como los abanderados de la democracia.

En una acción continental coordinada, mientras Argentina, Brasil y Ecuador enviaban armas a los golpistas de Bolivia, y Perú impedía el paso al avión que trasladaba a Evo, Colombia presentaba a la Corte-IDH-OEA sobre si era o no un derecho humano que el pueblo vuelva a elegir a Evo Morales.

La resolución era absolutamente esperable. Cómo podría el organismo (OEA) que sin presentar ni una sola prueba afirmó que hubo “fraude”, cómo podría ahora validar el derecho a elegir y ser elegido.

Los juristas Eugenio Zaffaroni y Pablo Saavedra Alessandri advirtieron de los riesgos de caer “en una función tutelar” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), organismo dependiente de la OEA. En realidad, la Corte (IDH) es la OEA misma. (Joaquín Ayma es periodista)