Un informe de la Iglesia católica y otro de la Unión Europea que desmintieron que en las reuniones posteriores a la renuncia y salida del país de Evo Morales, los días 10, 11 y 12 de noviembre en la Universidad Católica se hubiera armado un golpe de estado. 

La ratificación de la Organización de Estados Americanos (OEA) de que hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre y que la pericia solicitada por la Fiscalía para terminar con el caso en la justicia boliviana no es seria y, finalmente, la decisión de la Corte IDH de que la reelección indefinida no constituye un derecho humano son los cuatro reveses que en dos meses ha recibido el MAS, Evo Morales y el Gobierno contra su teoría del golpe y de que no hubo fraude.

En el país la justicia busca colocar punto final al juicio por el fraude denunciado por la OEA, mientras que la expresidenta Jeanine Áñez, al menos dos de sus exministros y casi una docena de militares están en prisión acusados de una serie de delitos que apuntan a un golpe de Estado.

Gustavo Pedraza, excandidato vicepresidencial por Comunidad Ciudadana (CC) dijo que, dentro de Bolivia, desde 2016, se ha producido un encadenamiento de arbitrariedades. En ese sentido mencionó la “desobediencia al referéndum del 21-F, la sentencia constitucional que llevó a la repostulación, el fraude en las elecciones de octubre de 2019, el desconocimiento de la auditoría de la OEA, que el mismo Morales requirió y suscribió para que sea vinculante”, aseveró.

Dentro de Bolivia, los procesos siguen esa misma línea. Pedraza asegura que “ya está de buen tamaño manipular las instituciones como la justicia”. Sin embargo, en estos dos últimos meses y en especial la semana que pasó, se han producido hechos que salen de la comunidad internacional que golpean las tesis del MAS y, principalmente, de su líder.

Cuatro hechos

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) presentó el 15 de junio un informe en el que aseguró que las reuniones convocadas en la Universidad Católica no tuvieron como objetivo propiciar un golpe de estado, sino pacificar el país y buscarle una salida constitucional al vacío de poder que habían generado las renuncias de Evo Morales, Álvaro García Linera, los presidentes de ambas cámaras, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, como de los segundos presidentes Susana Rivero y Rubén Medinacelli, todos del MAS.

La Iglesia católica confirmó por escrito que el proceso de sucesión constitucional que derivó en la posesión de Jeanine Áñez como presidenta del país fue acordado en esas reuniones con los propios representantes del MAS. Con lo cual, la teoría del “golpe de estado”, con la palabra de la Iglesia católica, que fue nada menos que la facilitadora del diálogo político que viabilizó una salida a aquellos momentos críticos de vacío de poder en el país, fue cuestionada.

El 5 de agosto, la delegación de la Unión Europea, junto con las misiones diplomáticas de los Estados Miembros de la UE en Bolivia, rechazó categóricamente las acusaciones de haber participado en noviembre de 2019 en una conspiración con el objetivo de preparar un golpe de Estado.

Como señaló la Iglesia, la UE afirmó que ayudó a facilitar reuniones involucrando a actores claves de todos los partidos políticos, incluidos representantes de MAS, con un solo objetivo: ayudar a pacificar el país en tiempos de extrema tensión facilitando una plataforma para el diálogo, con el propósito de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió al país.

El 9 de agosto, La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que ratificó que hubo fraude y puso en evidencia “errores y omisiones” de la pericia pagada por la Fiscalía General del Estado a la integridad de los sistemas informáticos y de la información generada durante las elecciones generales de 2019.

El pronunciamiento de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia reafirma los hallazgos encontrados durante la auditoría realizada por 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, frente al estudio elaborado por un docente y dos estudiantes.

A juicio del organismo internacional, las conclusiones del grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, al decir que no hubo manipulación en los comicios, carecen de sustento científico.

“El estudio pericial, pagado por la Fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019. Asimismo, este ejercicio se llevó a cabo mucho tiempo después de la elección y fue realizado a distancia por un equipo sin experiencia en materia electoral y contratado por la propia Fiscalía”, indica la OEA.

Para el canciller Rogelio Mayta el carácter vinculante de la auditoría de la OEA solo alcanzaba al proceso electoral de 2019, pero no a la responsabilidad penal que debe ser establecida por el sistema judicial boliviano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró, en el fallo de la Opinión Consultiva OC-28/21, que la reelección presidencial indefinida no es un derecho que esté protegido por la Convención Americana. Además, precisó que esta figura afecta a la democracia representativa. En respuesta, el expresidente Evo Morales pidió cerrar la OEA.

“La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el ‘corpus iuris’ del derecho internacional de los derechos humanos”, señala la parte central de la Opinión Consultiva.

El dictamen también sostiene que “la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana.

“La habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre”, remata el párrafo final del dictamen.

Políticos y expresidentes han considerado especialmente este último punto como letal para Evo Morales y para los magistrados del Tribunal Constitucional, que admitieron la reelección.

Los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa pidieron, por separado, un juicio contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional, contra Evo Morales, los exvocales del Tribunal Supremo Electoral y los 12 legisladores del MAS que presentaron el recurso para permitir la reelección de Morales por cuarta vez.

“Quiénes deben responder son los sicarios de la democracia que son los exmagistrados del Tribunal Constitucional, los parlamentarios que presentaron el pedido, los vocales del Tribunal Supremo Electoral y el propio Evo Morales que deben responder y reponer el gasto que se realizó en las elecciones”, dijo el expresidente Jorge Quiroga.

Carlos Mesa también se pronunció. “Corresponde juicio a quienes, como Morales, en su ambición, usaron tal falacia para violar la CPE y burlar la decisión del pueblo el 21F”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sorprendió: “La reelección del compañero Morales fue un error que no debió haberse realizado en su momento”, dijo en conferencia de prensa.

El procurador Wilfredo Chávez manifestó que el fallo se aplica “hacia adelante”. Evo Morales señaló que el Pacto de San José en su artículo 23 afirma que la relección es un derecho. “Ahora sabemos a quién corresponde la Corte IDH y a quién obedece la OEA. Importante refundar, por no decir cerrar la OEA”, aseguró. De esta forma, la historia se sigue escribiendo al revés.