Dentro de pocas horas comenzarán a divulgarse los resultados de la investigación que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis política que estalló en 2019. Las víctimas de esos sucesos esperan el reporte confiados en el plan de “resarcimiento integral” que planteará el cuerpo colegiado y, en otros casos, existe una sensación de abandono por el Estado.

Los miembros del GIEI, especialistas contratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llegará hoy a La Paz para presentar el informe sobre la vulneración de los derechos humanos en la crisis de 2019, informó ayer el secretario del cuerpo colegiado, Jaime Vidal.

El jurista anunció que el reporte se presentará oficialmente el martes 17 de agosto y adelantó que su contenido estará disponible en el siguiente link: gieibolivia.org.

Precisó que hasta el próximo 21 de agosto, los expertos del GIEI se reunirán con asociaciones de las víctimas para presentar los resultados en La Paz, en el barrio de Senkata de El Alto; en Cochabamba y Sacaba; en Sucre, Potosí y la ciudad cruceña de Montero.

El 31 de octubre de 2019 murieron en esa ciudad, ubicada a 50 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra, los ciudadanos Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas. Ambos eran parte de las movilizaciones de los 21 días para pedir otras elecciones debido a las sospechas de fraude que existían ante las dudas que dejó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso de recuento de votos.

Eduarda Salvatierra, que perdió a su esposo Mario, lamentó que no exista una sanción, como resultado de una investigación, contra las personas que dispararon contra de su esposo. “Hay una justicia divina que es la que puede todo”, afirmó la viuda que será visitada entre el miércoles y jueves de esta semana por los expertos.

Ramiro Llanos cree que el Decreto 4461, que tuvo el propósito de “reestablecer los derechos civiles y políticos” de las personas procesadas por la crisis de 2019, fue aprobado para favorecer a las personas que estaban investigadas por el fallecimiento de su padre, Julio Llanos, un reconocido activista que reclamaba por las víctimas de las dictaduras militares. Tenía 82 años cuando murió, el 29 de noviembre de 2019 en el hospital Obrero de La Paz, tras un mes de agonía. Fue golpeado por manifestantes que habían salido para apoyar a Evo Morales.

“El informe va a recomendar un plan integral de reparación y dará las pautas centrales de indemnización hacia las familias víctimas. Hay niños huérfanos. Hay familias que han quedado desprotegidas porque eran mantenidas por las personas fallecidas. Existen daños sicológicos”, apuntó David Inca, dirigente de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto que acompañó a los deudos de los fallecidos en Senkata, donde fallecieron una decena de personas.

“Lo que nos diga ese documento, pues lo vamos a tener que aceptar y cerrar este capítulo con las correspondientes responsabilidades que seguramente se generan o se sugieren”, dijo ayer el portavoz de la presidencia, Jorge Richter, a la estatal Bolivia TV.

El GIEI presentó su informe final al Gobierno el 23 de julio para recibir, en un plazo de 10 días, los comentarios que sean pertinentes. Los especialistas recibieron el documento el 5 de agosto para hacer la edición final en el texto.

Por su lado, el ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó que el Gobierno aceptará las recomendaciones de reparación de daños y anticipó una amplia difusión de este reporte. Confirmó que el presidente Luis Arce recibirá una copia del informe este martes. Calificó a ese día como “histórico”.

El GIEI analizó los sucesos comprendidos entre septiembre y diciembre de 2019. El período, marcado por la intolerancia política, también fue investigado por otras entidades que hallaron responsabilidades en la última etapa del gobierno del Evo Morales.

La Defensoría del Pueblo citó, por ejemplo, que hubo omisión policial cuando activistas que pedían la renuncia de Morales fueron emboscados en la carretera.