No hay duda que en los últimos días, Evo Morales y su proyecto dictatorial han recibido la mayor derrota legal, diplomática y política desde 2006, con el pronunciamiento de la Corte-IDH que niega su “derecho humano” a la reelección, con la ratificación de la OEA de la auditoría que confirmó el fraude de octubre de 2019 y el comunicado de la Unión Europea en el que reitera que no hubo ningún golpe de estado, sino una sucesión constitucional.

Pero no hay que olvidar que el derecho internacional no tiene los mecanismos para hacer cumplir sus resoluciones y dictámenes y, en otras palabras, el régimen del MAS puede seguir haciendo lo que le dé la gana con las leyes, la constitución y la democracia, sin sufrir ninguna consecuencia concreta e inmediata. Obviamente, sabemos que el gobierno se expone a recibir sanciones y, el mero hecho de señalar las contravenciones que se ejecutan en Bolivia, nos coloca en una situación de aislamiento, altamente perjudicial para la economía, la cooperación internacional y el desarrollo de proyectos sociales. El problema es que eso al cocalero le importa un bledo, pues su único interés es recuperar el poder a cualquier costo, sin importar las consecuencias.

Los bolivianos no debemos atenernos a lo que digan los organismos internacionales. Ayudan mucho, es importante recurrir a ellos y buscar que se pronuncien y hagan todo lo posible para denunciar al dictador. Lo indispensable es tener en cuenta que la verdadera derrota del cocalero se produjo el 21 de febrero de 2016. Esa decisión tomada en las urnas es la que le dio fuerza a la ciudadanía para defender la democracia. Ahí comenzó la lucha que, posteriormente, se tradujo en la mayor movilización que se haya dado en la historia del país y que impidió que Morales consolide el fraude que había preparado, que lo hizo escapar, que aguantó la arremetida terrorista y que soportó en plena pandemia, el acecho de las hordas facinerosas que buscaban generar un desastre.

Pese a que cada día que pasa es un triunfo, pues mantenemos a Evo Morales fuera del poder, ejerciendo su espuria influencia desde las sombras, cuestionado por propios y extraños, la lucha debe continuar. El primer objetivo es evitar cualquier aventura política, no permitir ninguna ruptura constitucional, hacer que se cumpla el mandato de las elecciones de 2020, que designaron a un presidente cuyo periodo se cumple en 2025.

Las fuerzas opositoras y democráticas coinciden que es indispensable llevar a juicio a Evo Morales y a todos sus cómplices del Congreso, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, además de numerosos actores políticos, que llevaron adelante la aventura desquiciada de la repostulación ilegal, que además, le costó casi 60 millones de dólares al erario nacional. Se necesita determinación, consistencia jurídica y mucha valentía para impulsar esos procesos. Sabemos que la justicia está comprada, pero eso no debe ser impedimento para hacer las diligencias que hagan falta. Todo eso debe conducir indefectiblemente a la inhabilitación del cocalero como candidato a las próximas elecciones y así desterrarlo definitivamente del quehacer público nacional.

Los bolivianos no debemos atenernos a lo que digan los organismos internacionales. Ayudan mucho, es importante recurrir a ellos y buscar que se pronuncien y hagan todo lo posible para denunciar al dictador. Lo indispensable es tener en cuenta que la verdadera derrota del cocalero se produjo el 21 de febrero de 2016.