Hay varios enfoques de  por qué la justicia boliviana ha caído tan bajo, aunque debemos reconocer que hay jueces y magistrados muy honorables y probos. Algún comentarista dijo que la elección de los magistrados del Órgano Judicial no ha resuelto el problema de su desprestigio. Es que son varios los factores que intervienen para ello, desde la incipiente formación de los políticos sobre todo en el plano ético, hasta la precaria  formación del abogado. Seguramente,  nuestros males vienen desde la colonia española.

Cuando  para ser candidato a la  Asamblea Constituyente escribimos el libro Reformas constitucionales, Plural Editores 2006, planteamos la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para eliminar  una de las causas, que es su subordinación  a los otros poderes  que intervenían en su composición y que para lograr la supresión de la nefasta influencia de aquellos, o sea su independencia, era necesario que todos los poderes tengan  igual forma  en su nacimiento, pero en el caso del judicial previa una rigurosa selección y conocimiento de los postulantes. La principal fuente del desprestigio de los jueces es, ni cabe duda, su falta de independencia.

Las proposiciones de nuestro libro fueron tomadas en cuenta, lo que me atestiguó verbalmente el secretario de la Asamblea Constituyente, donde hice llegar una centena de ejemplares de dicho libro; así están en la nueva Constitución incorporados el Estado laico; el cuarto poder que en nuestra tesis tenía las cámaras electoral y contralora; la elección del poder judicial y la nueva división política territorial del país que esta última no se discutió si no como autonomías indígenas. 

Pero ocurrió que la elección del poder judicial al partido de gobierno le cuajó como anillo al dedo, pues le sirvió para conformar un sistema judicial más  servil a sus intereses y las cortes de justicia  y los jueces resultaron más obsecuentes que nunca. Entonces, no es el sistema de elección el que falló, sino la forma incorrecta de su aplicación; porque no hay otra forma de tener un poder judicial independiente  que a través de la elección de sus magistrados y que no sean las maquinaciones del poder político las que definan su composición. De aquella forma, los miembros del Tribunal Supremo y Constitucional fueron  peores que antes, con salvadas excepciones. En primer lugar, son los políticos los autores de la corrupción judicial, por esta causa  es que en nuestra obra Reformas judiciales, publicada como presentación de nuestra postulación  para constituyente, propusimos, sin éxito, la elección directa de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que tenga igual jerarquía  y no sea dependiente de los otros poderes, que es causa de la sumisión y dependencia de éstos.

Lamentablemente el propósito fue completamente distorsionado y  el remedio resultó peor que la enfermedad.

“Hay  otra causa –dijimos en otra columna– para el deterioro de la justicia, para su desprestigio y la falta de confianza y credibilidad, porque pleitear equivale a un calvario insoluble, a un martirio del que uno que entra ya no puede escabullirse, principalmente en el campo penal.  Esa otra causa es el abogado, porque el juez, el funcionario judicial, el magistrado, primero son abogados y como es el abogado serán aquellos”.

La formación de los abogados es muy precaria e insuficiente. Tiene que ser selectiva desde el comienzo, en cambio ahora se ha abierto el estudio de la abogacía sin limitación a cuanta persona aspira a tan noble carrera. Se han multiplicado las escuelas de derecho, más como medio lucrativo para éstas que por eficiencia académica. Se cree, equivocadamente,  que es fácil la carrera y por esta facilidad puede hacerse llamar “doctor” sin merecerlo y se engrosa así infinitamente el ejército de  rábulas, más que de abogados, muchos de los cuales llegarán a ser jueces, magistrados, bastando enfilarse a un partido político o hacerse dirigentes sindicales. Y los jueces así designados son la lacra que envilece la justicia boliviana.

Conociendo las causas del descrédito de la justicia, ¿se acometerá el cambio de ese panorama desolador?  Primero que todo habrá que limitar las facultades de derecho a lo mínimo indispensable, una por capital de departamento, bajo inflexibles exigencias éticas y culturales de admisión de postulantes, porque no debe olvidarse que el abogado debe ser un humanista con formación ética y deontológica, para que cumpla a cabalidad su misión. Podrán cambiarse leyes, modificarse códigos,  que de nada valdrán si no se mejora al abogado, que debe estudiar a  tiempo completo y  eliminarse el apelativo de “doctor” que es una farsa que obnubila a los mediocres que desean estudiar derecho.

Ya vemos que es un remedio muy difícil que podría emplear una o dos generaciones de universitarios y una férrea voluntad política y social, pero solo así se podrá alcanzar, como dijo el abogado español Angel Osorio y Gallardo,  el honor y el orgullo de ser abogados.

 Un aspecto esencial  e importante que la reforma judicial debe estudiar es un sistema judicial que  prevea la dotación de jueces de paz para cuestiones de pequeña índole que se despachen inmediatamente  en una sola audiencia. Así, cuánto bien se prestaría  a la sociedad  mediante la celeridad y seguridad de prestación de algo tan esencial como es el servicio de la justicia. 

Algo prioritario y necesario  es también que la administración de justicia cubra todo el territorio de la República. Esto quiere decir que todos los municipios deben contar con un juzgado mixto cuando menos y las capitales de provincia deben ser cabeza de distrito judicial, con corte de apelación incorporada. Los que hemos experimentado la labor de pedir justicia en provincias sabemos que este empeño es tortuoso, ímprobo, ineficaz contra los principios de celeridad y gratuidad que proclaman los códigos.

Finalmente, la reforma judicial debe encomendarse a una gran comisión que integren los abogados más ilustres y probos del país, en lo posible que no sean políticos, con altísimo prestigio moral; y desecharse a juristas extranjeros que desconocen nuestra realidad política, económica y social y que solamente  succionan elevados presupuestos. ¿Cuánto costaron las misiones de juristas extranjeros que actuaron en las anteriores reformas judiciales? ¿Cual su evaluación? ¿Alguna vez se dio cuenta de estos aspectos?