Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: lunes 16 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
“…la revancha y el talión no son el camino para
la transición democrática. Es que no tiene sentido establecer presunción de
culpabilidad sobre toda exautoridad masista; tampoco encarcelar y enjuiciar a
apoderados, tramitadores o parientes. Peor detener a asilados…”.
Esto escribí en febrero de 2020 rechazando los
abusos del gobierno transitorio que presidía Jeanine Añez, lo que motivó el
enojo en contra mía de varias autoridades que me tildaron de “masista”.
Probablemente hoy los gobernantes me tilden de “janinista”, pero no es ya
tolerable el atropello que se comete contra la expresidente, a quien se le ha
privado de todas las “garantías jurisdiccionales y acciones de defensa” que
prevé el texto constitucional en su Título IV, y se está camino a privarle del
derecho fundamental a la vida, a la integridad física y psicológica que
consagra el Art. 15 de la Constitución. Los últimos desmanes judiciales de
fraccionar el juicio en dos, sólo para ampliar la detención preventiva por seis
meses, y la negativa a una internación y tratamiento hospitalario, dan cuenta
de los extremos inaceptables de venganza a los que está llegando el gobierno de
Arce, llevando hasta la vergüenza el sometimiento de jueces y fiscales. Debemos
detener estos actos tiránicos para preservar la democracia, generar mínimos
escenarios de concertación que cierren el camino de nuevos enfrentamientos y
salir de esta crisis estatal originada en la ausencia de propuestas de mediano
y largo alcance de los líderes políticos.
La reforma de la justicia es imprescindible
para tener jueces independientes, para tener un presupuesto judicial digno y
para desterrar la corrupción, el hacinamiento carcelario y el autoritarismo,
porque con nuestra miserable administración judicial está en riesgo la
convivencia democrática. La reforma de la justicia ya no podemos esperarla del
gobierno, y por ello estamos trabajando en una propuesta desde la sociedad,
para que sea la gente la que la impulse a través de un referendo ciudadano.
Pero mientras eso ocurra, debe efectuarse un
esfuerzo así sea inicial de concertación para detener los atropellos. Y ello no
puede significar “borrones” para la impunidad de nadie, porque los hechos del
pasado reciente tienen que investigarse, esclarecerse y sancionarse, como
deberían sancionarse todos los hechos delictivos de todos los exgobernantes
impunes. La concertación debería entonces parar los atropellos e impedir la
impunidad investigando los delitos.
El primer paso podría ser el juicio de
responsabilidades a los exgobernantes transitorios y, en específico, a la
expresidenta Añez, que ya tiene al menos cuatro requerimientos acusatorios del
Fiscal General que están a la espera de la autorización legislativa que, por
2/3, exige la Constitución, para que luego el Tribunal Supremo juzgue en única
instancia.
No tiene el MAS los 2/3 y por ello el acuerdo
parlamentario para lograrlos con el concurso de la oposición, debería ser el
punto de partida para este primer momento de concertación. El acuerdo
parlamentario básico será contra la impunidad para investigar los delitos, pero
terminando los abusos y restableciendo el debido proceso, de acuerdo a lo
siguiente:
1. Se autorizará juicio de responsabilidades
contra la expresidenta Jeanine Añez por todos los supuestos delitos que habría
cometido en ejercicio de sus funciones.
2. El juicio se tramitará, de acuerdo a la
Constitución y la Ley de Responsabilidades, ante el Tribunal Supremo, que tiene
que restablecer para los acusados todas las garantías jurisdiccionales
previstas por los Arts. 109 y siguientes de la Constitución, especialmente la
presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
3. Todos los procesos iniciados y todos los
sindicados o imputados deberán ser procesados ante el Tribunal Supremo en
aplicación del Art. 117-II de la Constitución y el Art. 6 de la Ley 044 de
Responsabilidades que determina: “Quienes tuvieran cualquier forma de
participación delictiva con las autoridades (…) serán enjuiciados conjuntamente
la causa principal”.
4. El Tribunal Supremo deberá determinar la
cesación de toda detención preventiva, disponiendo las medidas sustitutivas
necesarias para garantizar la presencia de los acusados y el desarrollo pleno
del proceso.
5. La Asamblea Legislativa a tiempo de expedir
la autorización de juicio de responsabilidades designará una comisión plural
para la veeduría del mismo, o solicitará tal veeduría a las Naciones Unidas.
“Ni impunidad ni abusos”, titulé esos escritos
míos criticando al gobierno de la Sra. Añez y hoy estoy copiando el título para
los abusos del actual gobierno, cuyo vicepresidente Choquehuanca debería ser el
promotor de esta inicial concertación que propongo, porque preside la Asamblea
pero, sobre todo, porque el 6 de agosto nos dijo que era contrario a la
venganza y que “no se puede reparar una injusticia con otra injustica”.



