La respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a la consulta hecha por Colombia, respecto de la reelección presidencial indefinida como un derecho humano es contundente, y reconfigura el escenario de discusión política en nuestro país. Fue la angurria de poder de un grupo de personas encabezado por el expresidente Morales, la que llevó a Bolivia a vivir los peores momentos de su historia, incluido un Gobierno débil, en medio de la peor emergencia de salud y económica de los últimos 80 años.

Hubiera sido bueno tener esta postura de la Corte IDH en el año 2019, Bolivia tal vez se hubiera ahorrado muchas vidas y la sed de venganza del masismo, tan desbocada estos días, no hubiera tenido lugar, tal vez ellos hubieran ganado las elecciones con el solo hecho de poner otro candidato.

En estos tiempos que el afán por nuevas Constituciones está rondando más de un país de la región, vale tomar muy en serio la respuesta arriba referida, porque en realidad la constitución de Evo, hecha a su medida, conllevaba desde un inicio la posibilidad de introducir (de contrabando), la reelección indefinida, lo cual equivale a la presidencia perpetua.

La posibilidad de cambiar de manera inmediata una Constitución, a partir de un referéndum, la convierte en una “no Constitución”, precisamente porque ese es un talón de Aquiles total para la institucionalidad, el poderoso puede cambiar las reglas del juego a su antojo, peor si es un poderoso populista y prebendalista, (discúlpeseme la redundancia).

Chile con su constituyente en marcha, y Perú con la sombra de una en el camino, deben tomar muy en serio la lección de Bolivia. Una Constitución debe estar completamente blindada a la pretensión de un grupo de eternizarse en el poder. Tentación que, dicho sea de paso, puede contaminar a cualquiera, pero que ha pervertido ante todo a gobiernos que se llaman socialistas, o algo parecido.

El 6 de agosto pasado, el presidente Arce ha pronunciado un discurso de odio fundado en falacias completas y medias verdades, y esta semana hemos podido ver la personificación de esa sed de venganza de los poderosos, ensañada en la persona, indefensa, de la expresidenta Áñez.

La falta de humanidad, de compasión con la que es tratada, pinta de cuerpo entero a los funcionarios del Gobierno actual que pueden tener alguna incidencia en el trato que se da a la detenida, y puede estremecer a cualquier ciudadano. Las irregularidades con las que está contaminado el caso son groseras, y hacen de la señora Áñez una clara víctima de la (in)justicia boliviana, tan manipulada por el poder central.

Un sistema judicial y un sistema penitenciario, no pueden permitirse el deterioro de salud de una persona detenida, peor si es una detención preventiva.

Jeanine Áñez fue la cara visible no de un golpe de Estado, sino de un movimiento que frenó los planes de perpetuación en el poder de un personaje y su entorno, que habían perdido la razón a partir de una terrible borrachera de poder. Más allá de su débil Gobierno, de la oportunidad desperdiciada de enderezar el país, de las injusticias también cometidas en ese período, ella no merece ser abandonada a su suerte. Se debe exigir que sea tratada con justicia y con humanidad.

Lo mínimo que se debería hacer es llevar a la señora Áñez a una buena clínica y permitirle estar con sus hijos. Lo justo sería que ella se enfrente en libertad a posibles procesos y, en su calidad de expresidente del Estado Plurinacional, solo a través de un juicio de responsabilidades instaurado en la Asamblea Legislativa, todo lo demás es injusticia y abuso de poder de parte del Gobierno, su prisión es en realidad un secuestro perpetrado por el Estado, y sus más elementales derechos humanos están siendo vulnerados.