Con matices, tanto el ministro de Justicia, Iván Lima, como el vocero de la Presidencia, Jorge Richter, coincidieron en que el criterio final sobre la reelección presidencial indefinida se encuentra en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el mismo que hace cuatro años emitió un fallo que la reconoció como un derecho humano, con una  posición diametralmente opuesta a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que advirtió que esta figura únicamente incuba gobiernos autoritarios.

Richter dijo que el TCP deberá emitir “un fallo interjurisdiccional” una vez que conozca la opinión consultiva y definir su alcance de aplicación, mientras que Lima opinó que el TCP “es la instancia que tiene que terminar de analizar la jurisprudencia suya (…) y hacer un diálogo interjurisdiccional, entre lo que sostiene el TCP y la opinión consultiva, y reconducir su jurisprudencia”.

Seguramente la vía legal es esa, pero sin duda que volver a enviar el problema a la institución que lo generó al menos llama la atención, pese a que ahora  en ella existan  otros actores. Otro efecto de una decisión política matizada de  jurídica.