Juan Fausto Lanchipa Ponce es el fiscal general de Bolivia, que cumplirá la mitad de su gestión, luego de haber sido posesionado en el cargo en octubre de 2018, en medio de una acción que se perfila como un desacato a los convenios internacionales firmados por el Estado boliviano, manifestó a EL DIARIO el periodista y analista Iván Rada.
Lanchipa juró ante Evo Morales y su segundo Álvaro García, el 25 de octubre de 2018 en instalaciones de la Vicepresidencia, con el compromiso de cambiar el rostro del Ministerio Público y agilizar los procesos penales “en beneficio de la sociedad en su conjunto”.
“Hoy, el funcionario es cuestionado por haber dictado sobreseimiento en el caso fraude electoral de 2019, con base en un informe pericial, calificado como parcial y limitado, de una consultora española que solo analizó, tras el pago de 30 mil dólares, los datos informáticos que la propia Fiscalía General envió, sin informar a las partes, como son las víctimas de ese caso”, apuntó.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia de Bolivia (Conade) ya propuso el pedido de renuncia a Lanchipa, en la reunión de la Asamblea de la Cruceñidad en pasadas semanas. En principio se aceptó esa mediad de presión, pero luego se retrocedió para darle oportunidad a Lanchipa de enmendar su error procesal, como citan juristas.
Sin embargo, el Conade lanzó el pasado martes esa propuesta de manera oficial.
“La cabeza del Ministerio Público está inhabilitada para seguir atendiendo el caso fraude electoral por parcialidad e incompetencia profesional y debe ser reemplazado de acuerdo al artículo 227 de la Constitución Política del Estado”, cita un comunicado de esa institución civil y de derechos humanos.

FISCALÍA Y GOBIERNO RECHAZAN CARÁCTER VINCULANTE
Para la Fiscalía, el caso fraude de 2019 está cerrado e incluso se niegan a emitir más criterios sobre el informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el lunes fue ratificado en su contenido y alcance por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, de la Secretaría General de esa entidad internacional.
El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, calificó a la auditoría de la OEA como política y defendió el informe de la consultora Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, relacionada con la Universidad de Salamanca de España, presentado el 27 de julio para cerrar el caso y liberar a todos los procesados.
“Para nosotros, el informe de la OEA viene a ser un indicio más dentro del proceso de investigación, pero no es vinculante. Para que sea vinculante debería haberse convertido en ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dijo.
Empero, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA remarcó al Estado Plurinacional de Bolivia, el carácter vinculante de esa auditoría, elevada entre octubre y noviembre de 2019 por la Misión de Observación Electoral.
En ese comunicado, la OEA, además de ratificar que en 2019 hubo una evidente manipulación dolosa para alterar el resultado final de las elecciones generales, calificó el proceso de ese año como vergonzoso para la democracia en la región.
“De las elecciones observadas por la OEA en la última década, la de octubre de 2019 en Bolivia es probablemente la peor de todas. Constituye una vergüenza hemisférica por el cúmulo de irregularidades y por la manipulación flagrante del proceso electoral. Intentar validar este conjunto de irregularidades y manipulaciones, a través de estudios extemporáneos, constituye una grave afrenta a la democracia en el hemisferio”, concluyó.
La Cancillería respondió con tono político, al decir que el carácter vinculante del informe de la OEA “fue violentado” por las declaraciones anticipadas del secretario general Luis Almagro.
En ese marco, Rada dijo que en conclusión, ni el Gobierno ni la Fiscalía respetarán ese convenio internacional, firmado por el entonces canciller de Morales, Diego Pary, y que en palabras del exministro de Minería, César Navarro, constituyó para el gobierno del MAS un “error garrafal”.
La firma de ese convenio se enmarca, además, en la Carta Americana sobre Derechos Humanos (CADH), de la cual Bolivia es signataria.