La opinión consultiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que define que la reelección indefinida presidencial no es un derecho humano, evidencio que el TCP emitió una sentencia solo para beneficiar a Evo Morales, dijo la excanciller y abogada en derecho internacional Karen Longaric.

En noviembre del 2017, los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dieron vía libre para que Evo Morales pueda postular de manera indefinida a la presidencia. Según su interpelación, la Convención Americana establecía que la reelección presidencial es un “derecho humano”.

En entrevista con Página Siete, Longaric  dijo que la determinación del tribunal internacional debe derivar en la presión internacional para que el gobierno de Luis Arce respete los derechos humanos.

“Aplicar de manera utilitaria los tratados internacionales desprestigia a la justicia boliviana, al máximo tribunal constitucional y al gobierno del MAS ante el mundo entero”, sostuvo la exministra de Relaciones Exteriores .

Tras la opinión consultiva  de la Corte IDH sobre que la reelección no es un derecho humano, ¿cómo queda Bolivia en el contexto internacional?

La opinión sobre el alcance del artículo 23 del Pacto de San José fortalece el sistema interamericano de derechos humanos y le devuelve credibilidad. Ojalá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actuara de la misma manera imparcial y de acuerdo con el derecho.

Siempre se supo que la interpretación que hizo el TCP era errónea, únicamente basada en el interés político de Evo Morales. Aplicar de manera utilitaria los tratados internacionales desprestigia a la justicia boliviana, al máximo tribunal constitucional y al gobierno del MAS ante el mundo entero.

¿Esta resolución podría derivar en sanciones internacionales para Morales y la cúpula de su gobierno o partido? ¿Cuáles?

No, pero  desnuda al gobierno de Evo Morales ante el mundo como un gobierno autoritario que utilizaba la justicia para beneficiarse a sí mismo y aferrarse al poder.

¿Los exparlamentarios del MAS, exvocales del TSE, exmagistrados del TCP, que aprobaron    la reelección indefinida, podrían ser procesados ante instancias nacionales e internacionales?, ¿por qué delitos?

Deben ser sancionados en la jurisdicción interna. Pero no es posible en este momento, porque la justicia boliviana es obsecuente con el gobierno del MAS, esto no puede quedar impune por el enorme daño que ha causado a la democracia.

Respecto a procesos en instancias internacionales, el incumplimiento de la Constitución Política no abre la jurisdicción internacional, salvo que esto derive en violaciones sistemáticas de los derechos humanos o en algún otro delito tipificado por el derecho internacional.

La interpretación distorsionada del artículo 23 del Pacto de San José ha generado un enorme daño a la democracia boliviana y a los derechos humanos de los bolivianos, pero lastimosamente no constituye un delito contra el derecho internacional.

Al mismo tiempo, la opinión  muy importante, puesto que la comunidad internacional tiene ahora más pruebas fehacientes e irrefutables de las violaciones al Estado de Derecho y a la independencia de poderes en Bolivia, lo que debería derivar en presiones internacionales al gobierno del MAS para que se respeten los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho de una vez por todas.

¿Qué tipo de sanciones puede haber  por no respetar la Constitución y los tratados?

Considero que han vulnerado severamente el Estado de Derecho y a partir de ello todas las ilegalidades derivadas son de su responsabilidad.

¿Hay materia para procesar a  Evo Morales, en instancias nacionales o internacionales, por la crisis política y social que Bolivia vive desde el 2016, cuando no se respetaron los resultados del referendo constitucional?

Las responsabilidades que tienen es frente al pueblo boliviano, y tarde o temprano la justicia deberá actuar.

Todos los ilícitos que se derivaron de su ilegal intento a la reelección indefinida son de responsabilidad de Evo Morales y de sus colaboradores.

“La interpretación distorsionada del artículo 23 del Pacto de San José ha generado un enorme daño a la democracia boliviana”.

Karen Longaric

“Aplicar de manera utilitaria los tratados  desprestigia a la justicia boliviana, al TCP y al gobierno del MAS ante el mundo”.

Karen Longaric