La filtración, el jueves, y la publicación oficial al día siguiente, de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la reelección indefinida ha puesto en el tablero político un nuevo elemento respecto del debate sobre las perspectivas del expresidente Evo Morales. Es previsible el inicio de un debate que no siempre discurrirá por los caminos de la razón.

Aunque la opinión consultiva (solicitada a fines de 2019 por el Presidente de Colombia a nombre de la oposición boliviana) data de hace ya varias semanas, su versión final recién fue conocida oficialmente el viernes, luego de que se notificara a las partes interesadas. En síntesis, dice que la reelección indefinida no puede considerarse un derecho humano autónomo y que su práctica puede ser dañina para la democracia representativa. Dos de los siete jueces a cargo votaron en disidencia y presentaron sendas argumentaciones para su posición.

En el primero de los tres párrafos de opinión, tras una muy extensa argumentación, la Corte IDH señala que el derecho a la reelección indefinida no está “protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”. El segundo afirma que prohibir la reelección indefinida “es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y otros instrumentos de similar alcance; finalmente, que “es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas” en los diferentes instrumentos normativos sobre DDHH.

Las reacciones al documento, sin excepción, discurrieron por un cauce previsible, comenzando por la del expresidente, quien teme que la opinión consultiva sirva “para desestabilizar políticamente la democracia”, y terminando con las autoridades actuales de gobierno, quienes esperan una posición del Tribunal Constitucional antes de hacer afirmaciones sobre el futuro inmediato.

La oposición, por su parte, ya manifestó su deseo de procesar judicialmente al expresidente por su intento de ser reelecto a pesar de los resultados del referéndum de febrero de 2016, y a nadie deberá sorprender si tal propósito sirve para estériles batallas discursivas, pero no para efectivamente llegar a los estrados, pues a menudo la impaciencia termina siendo contraria a las formas y al debido proceso, como se ha demostrado ampliamente desde fines de 2019. Cuestionar la legitimidad de la Corte IDH puede ser dañino, lo mismo que utilizar sus documentos con fines puramente instrumentales.

La publicación de la opinión consultiva puede ser el punto de partida para una reflexión sobre las formas de la democracia representativa, pero sobre todo para identificar el modo en que un proyecto político transformador y revolucionario no quede en manos de un solo líder, con todos los riesgos que ello implica. Entregarse al reproche o a la negación servirá para fines discursivos, pero no para afianzar la vocación democrática en el pueblo y sus líderes.