El expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé, en entrevista con Los Tiempos, hizo un repaso de la coyuntura política nacional, habló del horizonte de cambios del Órgano Judicial y mostró su preocupación por la polarización entre “golpe y fraude”.

—Entiendo que ya no forma parte de la Comisión Consultiva que buscaba transformar la justicia. ¿Tiene información respecto a si esta comisión ha avanzado?

—No tengo información sobre si la Comisión todavía existe o si hubiese avanzado con algún tema.

—¿Qué acciones urgentes se deberían tomar para transformar la justicia?

—La primera y más urgente es la realización de un diagnóstico actualizado, completo, comprensivo y participativo sobre el sistema judicial. A partir de sus resultados, diseñar una hoja de ruta con acciones, cronogramas y prioridades, destacando la importancia del mayor consenso posible para iniciar y concluir el proceso. Sin esta línea de base, las iniciativas pueden resultar insuficientes o tropezar con los desencuentros políticos que las desmerezcan. La justicia lleva mucho tiempo enferma, sus males son crónicos e infectan la convivencia ciudadana , por eso es indispensable completar un buen diagnóstico antes de aplicar recetas.

—Los últimos casos han puesto el ojo de las críticas en la Fiscalía, ¿cuáles son los principales problemas de esta institución y cómo pueden solucionarse?

—El problema más ostensible del Ministerio Público es que, como promotor de la acción penal pública, no siempre observa la defensa de la legalidad ni los intereses de la sociedad y menos con oportunidad ni autonomía funcional. Esto se expresa, por ejemplo, con las acciones contradictorias que resultaron de la última crisis política y, sobre todo, desde hace ya muchos años, en el abuso de la detención preventiva y selectiva.

Otros problemas serios son la ausencia de una Política Criminal de Estado que defina lineamientos y la actualización de normativa en materia criminal. La solución requiere la atención de los órganos de poder encargados de evaluar y transformar la Fiscalía, incluyendo la renovación de autoridades, comenzando por el Fiscal General.

—¿Piensa que la reforma en la justicia tiene que pasar por una reforma de la CPE?

—Sí, inevitablemente. Hay varios asuntos que requieren evaluación, debate y eventual tratamiento constituyente. Por ejemplo, la falta de consistencia entre el principio del “pluralismo jurídico” que funda el nuevo modelo de estado, con una estructura orgánica judicial más bien centralista que lo desmerece; ajustes en materia de la jurisdicción contenciosa administrativa; ausencia de una cabeza visible y funcional del órgano judicial; precisión sobre los alcances del control judicial de la constitucionalidad; modalidad de elección de magistrados y jueces; atribuciones del Consejo de la Magistratura, entre otros.

—El debate entre los que hablan de “fraude” y de “golpe” está llegando nuevamente a niveles de violencia, ¿cómo se puede superar esta polarización?

—Se trata de un debate reducido a dos escenarios que por sí mismos no reflejan la dimensión completa de la crisis de noviembre de 2019 y que tampoco podrán superarse sólo a través de procesos penales de cuestionada parcialidad.

Si los actores políticos no reparan en reflexionar con mayor sentido de autocrítica los orígenes y efectos de la crisis y procuran ocuparse con mayor responsabilidad en las tareas de gobierno y legislativas, el debate “golpe-fraude” acabará por desgastar su gestión y se perderá la oportunidad para realizar los ajustes institucionales necesarios para evitar que la crisis se repita. Tampoco contribuye a la conducción de procesos judiciales imparciales y oportunos sobre lo acontecido en Sacaba y Senkata, donde hubo víctimas.

—¿Qué errores cometió el MAS y cuáles la oposición para llegar a este punto?

—La crisis de 2019 reflejó un quebrantamiento constitucional de los cuatro órganos de poder y de las instituciones como la Policía, las FFAA y el Ministerio Público. El MAS dominó su composición pero no su fortalecimiento efectivo ni su funcionamiento independiente y coordinado, al punto que no confluyó la capacidad de sostener el orden democrático y se instaló un gobierno de transición autoproclamado e inconstitucional.

La candidatura repetida de Morales y García avalada por un ilegal fallo del TCP que desafió el espíritu constituyente y los resultados de un referéndum fue un error insalvable que la Corte CIDH acaba de confirmar. La oposición tampoco tuvo el liderazgo para confrontar efectivamente al MAS en su prolongada gestión. Optó por candidaturas divididas o por personajes que, junto al propio candidato del MAS, reflejaba la tradición de mantener a los presidentes o expresidentes como candidatos recurrentes, algunos sin partido organizado, en desmedro de la renovación y alternabilidad de líderes políticos.

Varios de los líderes de la oposición alentaron la transición “ipso facto” de Áñez, sin reparar que sólo la Asamblea Legislativa podía conocer de las renuncias y nombrar al sucesor, tal como dispone la Constitución y se cumplió en todas las situaciones similares en el pasado.

—¿Ve riesgos de que nuevamente estalle la violencia como sucedió en 2019?

—Si persiste el debate reducido a “fraude-golpe”, dos hechos que la justicia criminal no podrá resolver en sus orígenes ni efectos; si los medios siguen amplificando esta controversia; si se siguen dilatando los procesos que deben esclarecer hechos en los que hubo víctimas; si se persiste en la discrepancia improductiva y no se advierte que la mayoría de los ciudadanos no esta confrontada, al contrario, prefiere vivir en paz y con espíritu solidario frente a las gravísimas crisis que enfrentamos, persisten lo riesgos de reproducir la violencia.

—¿Cuál es su opinión sobre los primeros meses de gobierno de Luis Arce?

—La elección del binomio Arce-Choquehuanca restableció el orden democrático y abrió expectativas con los discursos iniciales que muy pronto se desvanecieron al adoptarse la tónica de la confrontación “golpe-fraude” que no parece ceder espacios para dialogar una agenda de consensos de ningún orden, menos en temas tan importantes como salud, educación o justicia. Si bien hay logros en la gestión económica y en los esfuerzos para enfrentar la pandemia, subsisten problemas y desafíos estructurales en el Estado, en sus instituciones, en la relación con los Gobiernos subnacionales y sobre todo en la respuesta a la gente, tan afectada por las últimas crisis.

MAS Y OPOSICIÓN DEBEN ACERCARSE

Para Rodríguez Veltzé, la oposición no parece tener ni recibir los espacios para aprovechar una gestión legislativa más productiva y de consensos con el oficialismo en un Estado fundado en el principio del pluralismo político que no se honra. También ingresó en la confrontación por el tema “fraude-golpe”, la sesión del 6 de agosto reflejó el nivel de descomposición e intolerancia de la relación entre opuestos. Oficialismo y oposición, sus líderes y cuadros deben procurar acercamientos y acuerdos que revelen a la población que su interés por la población, por el Estado, es superior a sus diferencias.

HAY JUDICIALIZACIÓN DE CASOS ELECTORALES

Consultado sobre el caso fraude electoral, el expresidente Rodríguez Veltzé consideró que el tratamiento de todos los temas electorales es de competencia preferente del Órgano Electoral. “La judicialización criminalizada de asuntos electorales es ajena a la Constitución y al espíritu constituyente que estableció este órgano como el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados”, señaló.

Sin su intervención especializada —dijo—, ni la Fiscalía, los juzgados penales ni el propio TCP pueden desconocer a uno de los cuatro órganos de poder público representado por el TSE.