En transcurso de esta semana se hará público el informe final sobre los hechos de violencia registrados tras los comicios anulados de 2019; además, señaló que se sostendrán encuentros con asociaciones de víctimas en distintas regiones del país, informó el secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Bolivia, Jaime Vidal Melero.
Mediante su cuenta de Twitter, Vidal informó que se tiene prevista para esta semana la entrega del informe final sobre los hechos de violencia en 2019, por lo que miembros del GIEI arribarán al país para las actividades anunciadas con anterioridad.
“Según lo informado en el comunicado del 5 de agosto 2021, este lunes 16 de agosto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Bolivia, viaja al país para iniciar su agenda de lanzamiento público del Informe Final”, sostuvo el experto.
Precisó que el informe será entregado el día martes 17 mediante una conferencia de prensa en la que se brindarán detalles de los principales hallazgos, a partir de ese momento se iniciará una gira de visitas a todas las localidades en las que se registraron hechos de violencia tras la anulación de los comicios en 2019.
“El martes 17 de agosto el GIEI Bolivia dará su conferencia de prensa para difundir los hallazgos del Informe e iniciará una serie de encuentros hasta el 21 de agosto con las asociaciones de víctimas en: La Paz, Senkata, Cochabamba, Sacaba, Sucre, Potosí y Montero”, manifestó.
Desde el Gobierno, el ministro de Justica, Iván Lima Magne, confirmó que el informe completo estará disponible para el acceso de la población a partir del día martes en horas de la mañana en los sitios web oficiales del Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes Bolivia. (https://gieibolivia.org).
Cabe recordar que las investigaciones del GIEI-Bolivia iniciaron tras un acuerdo suscrito entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado Plurinacional de Bolivia el pasado 12 de diciembre de 2019 y estuvo encargado de indagar sobre los hechos de violencia y violación a los derechos humanos registrados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de ese año.