El fallo del Tribunal Supremo de Justicia norteamericano del 27/05/1935, referido a una “necesidad que tenía Roosevelt de “pasar por encima de la Constitución norteamericana”, recibió un revés constitucional: “Unas condiciones extraordinarias pueden exigir remedios extraordinarios. Pero (...) las condiciones extraordinarias no crean ni amplían el poder constitucional”.

Evo Morales arrastró caprichosamente al Estado a justificar su reelección por encima de cualquier legalidad o de otro interés que no sea el de él. Para ello, acudió al corruptísimo Tribunal Constitucional (muchos de los firmantes del fallo terminaron siendo empleados de su gobierno como pago por servicios prestados) y logró que le hicieran un fallo a gusto y, arbitrariamente se pusieron la soga al cuello al “atar”, como dijo el abogado constitucionalista Jorge Asbún en mi programa Sin Compostura Recargado, ese fallo a lo que posteriormente diga la CIDH, porque se atribuyeron la interpretación del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica para justificar la idea del “derecho humano de ser reelegido” por encima de la CPE.

Los medios están llenos de opiniones de legos en temas constitucionales y, entrar a ese campo no es lo que busca este artículo sino reiterar lo dicho antes y repetido muchas veces: Evo Morales arrastra al Gobierno nacional y a Luis Alberto Arce en su desesperación y caída libre porque probablemente el Presidente tiene un tremendo complejo de inferioridad ante “el jefe cocalero” que creía, hasta este fallo, tener la posibilidad de ser candidato a la presidencia nuevamente.

Las interpretaciones y “retruques” masistas al pronunciamiento de la CIDH son hilarantes (que hacen reír a carcajadas); pueden hablar, como lo hace el Min. Lima, promover “un diálogo interjurisdiccional entre la Corte y el Tribunal Constitucional”, para ver “qué partes de la sentencia pueden quedar”, como si aquello importara tras de haber quedado claro que el tema es que “la reelección no es un derecho humano” y que el TCP fue genuflexo al poder e incurrió en prevaricación que debe ser sancionada como corresponde.

Lima, que hace rato dejó ser el respetado jurista que aparentaba ser antes de ser ministro, aseguró (El Deber) que ninguna de las 54 entidades que fueron a las audiencias orales representaba al Movimiento Al Socialismo (MAS) porque estaba perseguido por un golpe de Estado y, consecuentemente no había sido escuchado, cosa por de más absurda porque Arce tiene como nueve meses en la presidencia y él mismo pudo haber intentado un acercamiento para aportar sobre el tema pero no lo hizo porque seguramente confiaba en los dos jueces de la CIDH apegados al gobierno del MAS; me refiero a Patricio Pazmiño Freire, que fue asesor de la Asamblea Constituyente y se lo liga con Arce Zaconeta como asesor en diversos temas y, además, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, y a Raúl Eugenio Zaffaroni, apegado al gobierno masista e incluso relacionado directamente con Evo Morales y del que se supo a comienzos del año 2020 que sería su abogado: Queda claro que en el Gobierno deben haber confiado en el “lobby” de sus militantes pero ya está, quedó claro: la reelección no es un derecho humano y tampoco la CPE boliviana la acepta, cosa que debió saber y conocer el “asesor de la Constituyente”, pero ahí va, sobre todo la ética, a la que debieron apelar los “disidentes en el voto” por su cercanía militante con el gobierno de Morales. Está claro que ética y masismo, donde quiera que se encuentren los masistas, no son compatibles.

Pasemos a otro tema: 2.- El trabajo “encargado” (con resultado probablemente pactado) entre la Fiscalía General del Estado, es decir, Juan Lanchipa Ponce, que debe aclarar muchas cosas con relación a lo actuado en el “tema golpe”, y el Phd. JM Corchado, para realizar una “pericia electoral”, aun cuando el mismo Corchado aceptó no solo no tener experiencia en “pericias electorales” y haber visto solo lo que la Fiscalía le enviaba y haber rehecho siete veces el trabajo por solicitud de la Fiscalía, recibió una contundente respuesta de la OEA reafirmando el valor del trabajo de “Integridad Electoral de los comicios de octubre 2019”, el que, además, tiene el valor de dejar visibles los errores cometidos por Corchado y sus pasantes.

El pronunciamiento de la OEA molestó al Gobierno, que amenaza con enjuiciar a la OEA por haber emitido una opinión sin que nadie se la pida cuando miles de bolivianos esperábamos que lo haga, incluso antes de la fecha en que lo hicieron y que responde por supuesto a respaldar su trabajo como observadores de años en elecciones nacionales de varios países.

Al Gobierno boliviano le va así de mal porque siguen la idea de Evo Morales; las instituciones sirven solo si a él le sirven, si son adeptas. Ahora el huido presiona a Arce con cosas como estas y el Presidente, que da la impresión de tener un serio complejo de inferioridad, no atina a nada. La última de Morales fue decir que el fraude se lo hicieron a él, porque no puede ser que el 2020 Arce haya conseguido más del 55% y él no haya superado el 48. El mensaje fue claro: “este no puede sacar más que yo”. Y así actúa él, el dueño del “aparato” se llama Evo y Arce es puesto “por él”. Sabrá Arce lo que va a hacer, pero así nos va a ir mal a todos.

Tercera: Ante los cuestionamientos y sugerencias del Gobierno sobre las reuniones de pacificación entre la Iglesia, la Unión Europea, los partidos políticos, incluido el MAS, que tuvo más gente en determinado momento en esas reuniones, a Wilfredo Chávez (relacionado a Zapata y CAMC, ¿se acuerdan?), las respuestas de la Iglesia (Mons. Juárez): “Yo creo que lo mejor que puede hacer el Procurador es callarse” y la contundencia de la UE negando que haya habido golpe, muestran que, por más poder que se tenga, no se cambia la verdad.

A ver si lo van entendiendo: no hay nada que amplíe el poder constitucional.