La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido contundente: la reelección presidencial en Bolivia no es un derecho humano, que pueda invocarse para eternizarse en el poder. La Opinión Consultiva, que representa el sentimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha echado por la borda la monstruosa sentencia constitucional 0084/2017 de 28 de noviembre, que buscaba la reelección indefinida de los ex mandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera. El Tribunal Constitucional no sólo perforó la Constitución boliviana (art. 168), sino también el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

El TCP, en efecto, había instrumentalizando, distorsionando y pervertido el generoso Pacto Internacional. Esa resolución sostenía que, “resulta indudable que el art. 23 de la CADH, consigna derechos políticos de la manera más amplia, sin ningún tipo de limitaciones o restricciones, autorizando únicamente al legislador la regulación de su ejercicio por causales taxativas en la forma anteriormente señalada; sin que ninguna de ellas en particular, tenga que ver en lo absoluto, con eventuales restricciones a la posibilidad de ser reelecta o reelecto y menos que ésta se limite a una sola vez de manera continua”.

La Corte IDH ha establecido que la reelección presidencial, en ningún caso puede configurarse como un derecho humano, menos absoluto, como pretendía el TCP, pues como cualquier otro derecho tiene restricciones, con la finalidad de armonizar y garantizar el ejercicio del derecho por su titular con los derechos de las demás personas en una sociedad democrática. En realidad, la Convención Americana se encuentra vigente desde 1969 y a nadie se le ocurrió que autorizaba, nada menos que la reelección indefinida, y así burlar los derechos de las personas que quisieran ser elegidas para la conformación de los poderes públicos. 

El Tribunal Interamericano sostiene que “la habilitación a la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa, y, por ende, a las obligaciones establecidas por la Convención Americana sobre los Derecho Humanos y la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre". 

La angurria por el poder no tiene límites y esta locura generó una crisis del sistema constitucional y político, que pudo haber sido de imprevisibles consecuencias. Y es que existen vigentes dos referéndums del 25 de febrero de 2009 (que aprueba el texto constitucional) y el de 21 de febrero de 2016 (que expresamente prohíbe la reelección presidencial), que blindan esta restricción democrática. Sin embargo el MAS, lejos de someterse a estos dictámenes populares, logró que el Tribunal Constitucional vulnere la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el voto de los bolivianos.

La reelección indefinida siempre fue prohibida, porque erosiona la separación de funciones, los controles cruzados, la coordinación y cooperación, como base y fundamento del ejercicio del poder político del Estado. Constituye además un límite, ya que le impone al Jefe de Estado la obligación de atenerse al tiempo previamente fijado por voluntad del Constituyente y de propiciar la sucesión presidencial, según las reglas establecidas en la Constitución. 

La Corte Interamericana es, en efecto, la única instancia autorizada y reconocida, internacionalmente, para interpretar un mandato de la Convención. El Tribunal Constitucional boliviano, en cambio, sólo puede hacer el control de constitucional, que consiste en la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad (contrastación) de las disposiciones  legales con las normas de la Constitución Política del Estado.   

El Tribunal Constitucional no podía (ni puede) interpretar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, menos inventarse que autorizaba la reelección indefinida, porque nunca estuvo esta idea en la mente de los que suscribieron ese Pacto en San José de Costa Rica. La Corte IDH, en consecuencia, confirma ese viejo principio jurídico universal: “son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la Ley”.