La presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violación de los derechos humanos, la ejecución extrajudicial, la tortura, el encarcelamiento ilegal y la persecución política, entre otros, durante los meses de septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, es la esperanza para las víctimas de las masacres de Sacaba y de Senkata.

Para el representante de la Asamblea de los Derechos Humanos de El Alto, David Inca, el documento permitirá conocer quiénes fueron los autores intelectuales, materiales y cómplices de la muerte de 37 personas por impactos de bala en noviembre de 2019.

“Para las víctimas es un informe de esperanza porque ahí estaría reflejado todo su sentir y reclamo de justicia. De acuerdo al trabajo que van a presentar y al protocolo que hemos leído, lo que tendrían que mostrarnos son los nombres de los posibles autores de violaciones de los derechos humanos, seguido de la recomendación de los juicios que nos van a decir que pueden ser penales, ordinarios, civiles, administrativos y de juicio de responsabilidades”, sostuvo en entrevista con Ahora El Pueblo.

REPARACIÓN

David Inca expresó su complacencia porque el informe final vinculante del GIEI propondrá la implementación de un plan de reparación integral para las víctimas, iniciativa que nunca hubo durante la República y no ha sido pensada en el Estado Plurinacional en favor de todo el entorno de los asesinados, como las viudas, los huérfanos, los padres de los eliminados, de los heridos y los hermanos.

“Este plan integral va referido al acceso a trabajo, la salud, la vivienda y el apoyo psicológico porque prácticamente todas las víctimas sufren de torturas psicológicas y traumas que no han sido superados hasta ahora”, precisó.

DERECHOS HUMANOS

En tanto que para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el informe del GIEI es muy importante porque a partir de ahí se trabajará en lineamientos que permitan encarar hacia el futuro cualquier acto de violencia relacionado con la violación de los derechos humanos.

37 muertes por impactos de bala se registraron en noviembre de 2019 en Sacada, Senkata y otros lugares del territorio nacional.

Adelantó que de las conclusiones y recomendaciones del documento, que no es de venganza, porque su terminología se apega a los protocolos, pactos y convenios de derechos humanos, la Asamblea Legislativa Plurinacional y todas las organizaciones vinculadas con los derechos humanos junto al Órgano Ejecutivo trabajarán en leyes y decretos supremos en favor de los afectados.

“En ese sentido, nos va a ayuda a trabajar leyes en favor de las víctimas, muchas veces las víctimas siempre han sido la quinta rueda del carro, con este informe se va a dignificar a la víctima y los victimarios quedan en segundo lugar con la obligación de hacerse cargo de sus responsabilidades”, precisó.

IDENTIFICADOS

La entidad adelantó que los responsables de la violación de los derechos humanos en 2019 con nombre y apellido ya están identificados. Explicó que en el Decreto Supremo N° 4076 están los nombres de los militares que asumieron la responsabilidad, así como el de los policías; en el 4077 se hace referencia a los nombres de todos los ministros del gobierno de la señora Jeanine Añez, y también en el 4078 que habilita el uso de armas y actos violentos a los militares y policías, eximiéndolos de toda responsabilidad.

“En estos decretos están los nombres de todos los autores intelectuales y materiales. También está el informe de la Comisión Mixta de la ex Asamblea Legislativa que tiene sugerencias de procesos penales a militares, policías y que ha sido presentado en noviembre de 2020 al Fiscal General, que no ha hecho nada y no ha iniciado una investigación”, manifestó.

Torturados del régimen de Añez padecen secuelas irreparables

Carla Achá, psicóloga del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), que atiende a las personas detenidas y torturadas durante el régimen de Jeanine Añez, señaló que a casi dos años de los hechos violentos suscitados en Bolivia las víctimas continúan con secuelas irreparables.

 “Estamos hablando de casi dos años que han pasado y todavía muchos de ellos continúan con dolores que no se pueden explicar, pese a que se hacen análisis y pruebas. Estos dolores existen, aunque se haya sanado el tejido o se hayan curado esas heridas, pero los dolores siguen”, mencionó.

Hasta ahora, el ITEI atiende 92 casos de personas que sufrieron torturas en celdas judiciales y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), además de aquellas que fueron heridas en Sacaba, Senkata y Ovejuyo, quienes quedaron con secuelas médicas y psicológicas.

“Las secuelas son bastante grandes en las personas que han sido víctimas de tortura. Nosotros, en el momento inicial, hemos encontrado lesiones muy duras, han sido personas que han sido sometidas a estar en posiciones sumamente incómodas por varias horas, o han sido golpeadas por horas de manera sistemática durante las detenciones”, relató.

“Las secuelas que pueden dejar este tipo de torturas pueden durar años y no recuperarse, eso a nivel físico. Las secuelas psicológicas son mayores todavía, porque las personas son afectadas en su confianza hacia la vida, la seguridad que tenían se ve afectada por las torturas sufridas”, complementó. Dijo que el informe del ITEI, sobre los casos de tortura masiva suscitados entre el 11 y 19 de noviembre de 2019, durante el golpe de Estado, fue presentado en la audiencia de la Corte Interamericana en Honduras y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

Expresó la necesidad de que las víctimas y sus familiares cuenten con una reparación integral, que no sólo tiene que ver con una indemnización económica.

“La reparación implica, significa una restitución, ¿qué quiere decir?, que se tiene que garantizar que estas personas puedan volver a la situación que tenían antes de los hechos vividos, es algo difícil, pero eso es lo que corresponde”, apuntó. (ABI)