Bolivia es el tercer país que crea el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en acuerdo con los Estados, para investigar hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

El primero fue México, para el caso de la desaparición y homicidio de 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

Según un comunicado de prensa, publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la CIDH, gracias a este trabajo, las investigaciones continuaron y se tienen personas imputadas, además de diversos procesos abiertos por estos hechos.

“El GIEI México representa un gran aporte a la justicia y verdad sobre los hechos”, dice el documento oficial.

Tras dos informes sobre este caso, el GIEI emitió 20 recomendaciones orientadas a que se continúe con las investigaciones y determinar responsabilidades a través de diferentes actuaciones de la Justicia.

El segundo país en recibir a un grupo de expertos fue Nicaragua para investigar hechos de violencia ocurridos en 2018, donde hubo al menos 109 víctimas fatales entre el 18 de abril y 30 de mayo de ese año.

Se emitieron 23 recomendaciones al poder político, la Justicia, Policía y otros actores con la finalidad de evitar la impunidad de los que se consideran crímenes de lesa humanidad.

En ambos casos, de México y Nicaragua, se identificaron deficiencias en las investigaciones y una ausencia de respuesta estatal.

De los cinco investigadores que conforman el grupo solo una coincidió en ambos países. Se trata de la defensora de derechos humanos y especialista en derecho penal de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey. 

Sin embargo, ella no formó parte del equipo creado en Bolivia, donde estuvieron Juan Méndez, de Argentina; Julián Burger, de Inglaterra; Magdalena Correa, de Colombia; Marlon Weichert, de Brasil; y Patricia Tappatá Valdez, de Argentina.

Todos son considerados expertos y con una amplia trayectoria en materia de derechos humanos, investigación, enjuiciamiento y/o sanción de actos de violencia.

Su trabajo tuvo un plazo de seis meses, pero en el caso de México se amplió por un tiempo similar, dada la complejidad de las investigaciones. En Bolivia fueron ocho meses por complicaciones debido a la pandemia de la COVID-19.

MÉXICO En el caso de México, el GIEI “se ha formado la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Las confesiones realizadas por los presuntos responsables no corresponden a la realidad de las pruebas en este estudio”. 

La verdad aún es incierta, lo cual lamentan los expertos, pero destacan que se logró recoger hechos probados que no sucedieron y resolver la controversia que existía sobre su paradero.

Concluye que todas las circunstancias y hallazgos muestran los déficits en la investigación como las tareas que quedan pendientes “para que se pueda dar la justicia que los familiares y México esperan del caso”. Considera que debe haber un replanteamiento general en función a los resultados obtenidos hasta ahora y atender a los familiares y otras víctimas de las desapariciones.

Entre las violaciones a los derechos humanos y delitos que identifica están homicidios con disparos a quemarropa, tortura, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas, entre otros.

También enumera las diligencias pendientes para determinar las responsabilidades, así como llevar a cabo nuevas capturas. En este caso, los identifica con nombres y apellidos y suma el pedido de investigar su patrimonio.

A su vez, suma las diferentes tareas de búsqueda que se deben realizar y, finalmente, recomienda medidas de protección y de prevención para los familiares y otras víctimas, así como la consolidación de mecanismos de información “para garantizar las relaciones de confianza y entendimiento con las diferentes autoridades estatales”.

En 2015, en México se entregó al GIEI una iniciativa gubernamental del anteproyecto de ley del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas y para la Prevención y Sanción de los Delitos de Desaparición de Personas. 

NICARAGUA El GIEI alertó de que su trabajo se realizó sin la cooperación del gobierno, quien “negó de forma sistemática la información requerida y en un contexto de violencia y represión estatal, lo que significó una seria limitación para el trabajo encomendado” a los expertos.

Las protestas fueron parte del descontento social de años” sobre los procesos institucionales y las prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en las figuras del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo”. Estas expresiones fueron reprimidas de forma violenta por la Policía y grupos de choque.

Los detonantes mayores fueron por un incendio en una reserva natural y las reformas al sistema de seguridad social.

Los manifestantes fueron reprimidos con armas de fuego y también se observa la articulación de grupos de choque con mayor organización y poder lesivo, a quienes se les conoció como paramilitares o parapoliciales, que utilizaban armas de guerra y de fuego y actuaban en coordinación con fuerzas policiales.

“Solo entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el GIEI registró al menos 109 personas muertas por disparos de armas de fuego, más de 1.400 heridos y más de 690 detenidos”, dice el informe que también identifica a la Policía como la responsable y revela sus nombres y cargos, todos a la cabeza del presidente Daniel Ortega.

El GIEI alerta de torturas y agresiones sexuales a los detenidos, a lo que se suma la denegación de acceso a la justicia y en el caso de los heridos, denegación del servicio de atención médica estatal y despidos para quienes lo hacían. Acá también identifican como responsable a la ministra de Salud y directores de los hospitales públicos.

“Conforme a la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”, devela.

Sobre el sistema de justicia penal, asegura que actuó como una pieza más del esquema de violación de los derechos humanos a través de la criminalización de los ciudadanos que participaron de las protestas bajo delitos de terrorismo y crimen organizado, entre otros.

Advirtió que, de las 109 muertes, 100 quedaron en la impunidad pese a evidencias por lo que la fiscalía no actuó de forma objetiva e imparcial y acusó a personas que podrían ser inocentes que fueron condenadas.

La llamada de atención a Nicaragua es principalmente para el Gobierno a quien recomienda respetar y garantizar el derecho de reunión y resguardar las manifestaciones públicas “de conformidad con los estándares y normas internacionales de derechos humanos aplicables”, además de cesar el hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales, así como respetar la libertad de expresión, de reunión y de asociación.

También promueve que el Estado inicie una reforma integral para evitar la represión y la persecución política y establecer un nuevo pacto social inclusivo “de modo que el Estado sea realmente expresión de todos los nicaragüenses”.

Para las víctimas y sus familias, se busca un Plan Integral de Reparaciones, “para reparar y compensar la violación a los derechos humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos”.

Pide investigar y eventualmente destituir a los funcionarios que participaron en violaciones de derechos humanos; reconocer a las organizaciones populares; y disolver y desarmar a los grupos armados paraestatales.

En la Policía y el sistema judicial, recomienda una depuración, en el primer caso, por vulnerar derechos humanos y, en el otro, por no mantener su independencia del poder político. En la Fiscalía concluye que se debe remover al personal y procesar por incumplir su deber y obstruir la investigación.

La sugerencia también pasa por contar con veedores de la sociedad civil en las investigaciones administrativas policiales; incorporar mecanismos de supervisión y control civiles, externos a la institución; implementar una carrera policial a fin de garantizar el ingreso y ascenso por méritos y la profesionalización policial; eliminar la figura de los policías voluntarios; trasladar los programas de recuperación de jóvenes a otras instancias de gobierno por fuera de la policía; y revisar las normativas internas y procedimientos administrativos que regulan la actuación de los agentes. 

El GIE considera importante la reforma del Código Procesal Penal de Nicaragua para que toda privación de libertad sea autorizada por una juez y evitar que las detenciones se realicen con orden policial. 

Por otro lado, pide realizar el nombramiento de magistrados, jueces y fiscales, a través de un concurso público, en base a méritos, que asegure la fiscalización ciudadana, y revisar las sentencias dictadas.

Para los hechos de violencia suscitados pide incluir a jueces internacionales o buscar cooperación de países que tengan experiencia en procesos de represión violenta. 

“Instar al Gobierno a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición; y aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de abril del 2018”, dice el documento.

Para los Estados miembros de la OEA y ONU pide iniciar investigaciones sobre esos hechos para juzgar a los responsables en el marco de la jurisdicción universal y conforme a la legislación interna de cada país como parte de la cooperación internacional bilateral y multilateral.