Con el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), surgen nuevos elementos para iniciar juicios contra los exmagistrados y otros cómplices de la sentencia constitucional 084/2017, dijo el abogado constitucionalista, William Bascopé.

Según el jurista, se pueden incluir también a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no dar cumplimiento al referéndum del 21 de febrero del 2016 y daño económico al Estado, ya que se gastaron Bs 153 millones.

"Es posible procesar en instancias internacionales a los responsables de la violación de la Constitución Política del Estado (CPE) porque iniciar juicios en Bolivia no será posible debido a que la Fiscalía y el Poder Judicial son dependientes del poder político del MAS", expresó Bascopé.

El sociólogo y exministro, Hugo Carvajal, consideró que deben agotarse las instancias locales y después exigir internacionalmente el acatamiento del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A su criterio, el fallo desvela la impostura del discurso y el relato de Evo Morales, quien no tiene el más mínimo de los respetos por las leyes ni la convivencia democrática.

La abogada y exconstituyente, Magda Calvimontes, afirmó que a los que vulneraron la Constitución se les podrá abrir procesos penales por resoluciones contrarias, ya que no enmarcaron su labor interpretativa a la voluntad constituyente.

"Más que todo por sobrepasar la voluntad del pueblo soberano que fue consultado sobre reformar el artículo 168 y existe el mandato claro, que todo referendo tiene efecto vinculante a todos, en específico al órgano electoral y al Tribunal Constitucional", señaló Calvimontes, al agregar que se espera prosperen en el país.

Bascopé justificó su posición de instaurar procesos en instancias internacionales, al explicar que en Bolivia no existen las garantías constitucionales.

Añadió que está la esperanza de que se ventilen los juicios contra los exmagistrados, a los cómplices y autores intelectuales por dar curso a la obscena sentencia constitucional 084/2017 que ahora debe ser anulada por el TCP porque ya no tiene sustento jurídico.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció que la reelección presidencial indefinida no es un derecho autónomo que esté protegido por la Convención Americana ni el derecho internacional.