El artificioso andamiaje jurídico que permitió a Evo Morales ser candidato a su sucesión en las elecciones de 2019 ha terminado de desbaratarse con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto de “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

 Ese esquema montado para burlar la voluntad popular que, en el referendo de 2016, dijo No a la repostulación de Morales, se construyó a partir de un recurso planteado por 12 diputados masistas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y sus consecuencias nos condujeron a la crisis más grave de las últimas décadas.

En noviembre de 2017, ese tribunal modificó cuatro artículos de la Constitución Política del Estado, declaró inconstitucionales a cinco artículos de la Ley de Régimen Electoral e interpretó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) para habilitar a Morales a su tercera reelección continua, fallando en sentido de que ese era un “derecho humano”.

Pero no es así: “La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo (entiéndase: fundamental) protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”, dice la opinión consultiva, emitida por la Corte IDH, el órgano encargado, por la misma convención que el TCP se permitió interpretar.

La Corte IDH va más allá y establece que “la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.

Es decir que, en 2017, el TCP tomó una decisión que vulnera la democracia. Y lo hizo declarando inconstitucionales varios artículos de la propia Constitución boliviana. Las consecuencias de ello llevaron al país al borde de una guerra civil y profundizaron el descalabro institucional que perpetró, y aún perpetra, el partido de Morales.

Esa verdad que disimularon, y aún intentan disimular, los masistas a pesar de reconocer el error de la impuesta repostulación de Morales en 2019 es ahora inobjetable. Así, resulta también inobjetable que todos los que propiciaron e hicieron posible la inconstitucional repostulación del expresidente tienen que ser procesados.

Y eso es lo que ocurriría si en Bolivia estaría en plena vigencia el Estado de derecho, si la democracia fuera tal y no sólo la fachada que utiliza el Movimiento al Socialismo (MAS) para imponer un importado modelo de Estado totalitario como ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela.