Uno de los primeros juegos que enseñamos a las niñas se llama “oculta-oculta” y consiste en adivinar dónde se encuentra la pequeña cuando se esconde detrás de una cortina. Pretendemos que no la vemos hasta que ella, riendo, sale de su escondite para poner fin a la espera.

Luego de una larga espera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha salido  de su escondite y ha concluido que la reelección presidencial no es un derecho humano. ¡Aleluya!  La noticia -si cabe llamarla así- llega después de que el burro fugó, para recién trancar el corral.  Estamos ante una situación que sería justa si hubiera sido oportuna; o sería jocosa si no fuera tan dramática. El dictamen  ojalá beneficie a otros  países cuyos gobernantes quieren ser eternos.

Ya lo había afirmado la Comisión de Venecia en su informe sobre los límites a la reelección de 2018, pero al no ser vinculante su opinión, no pasó nada. El MAS aprovechó la demora de la CIDH para darle largas al asunto, estornudarse en el Referéndum de 2016 que sí era de cumplimiento obligatorio y para inventarse la colosal mentira del golpe de Estado que apela a las instituciones como si éstas realmente existieran y fueran respetables. Han convertido el “oculta oculta” en “pesca pesca” cambiando las reglas a su antojo y dejando a mucha gente en la indefensión.

En una nota a pie de página del informe de dicha Comisión que compara los límites constitucionales  a la reelección en todo el mundo y agrupa las distintas modalidades constitucionales dice que  “La situación jurídica (de Bolivia) no es clara después de que el Tribunal Constitucional declaró la limitación inaplicable en 2017”. Esa notita de ciento treinta y un caracteres es una elocuente muestra de la forma cómo la justicia boliviana se ha especializado en la falta de rigor en el lenguaje y en la práctica jurídica. Ni los expertos pudieron afirmar con contundencia cuál era la norma vigente luego de la sentencia del Tribunal Constitucional que convirtió el abuso de la reelección indefinida  en derecho humano.

Me viene a la memoria una ocasión en que la chilena Michele Bachelet fue nombrada ministra de Defensa y ante la pregunta de cómo hacía para mandar frente a los militares, ella respondió irónicamente: “Yo hago como que mando y ellos hacen como que obedecen”. En Bolivia el gobierno hace como si hubiera Estado de Derecho y afuera actúan como si eso fuera cierto.

Se sabe que la justicia internacional es el último recurso motivo por el cual a veces cuando llega es muy tarde. Mientras tanto, las violaciones a los derechos humanos están a la orden del día .

El caso de la expresidenta constitucional Janine Añez, aunque no es el único, es actualmente el más emblemático por el ensañamiento con que  la tienen privada de libertad.  ¿Se necesita preguntarle a alguien para saber que todos son inocentes antes de que se demuestre lo contrario? ¿Se necesita un doctorado en derechos humanos para entender el abuso que se hace de la detención preventiva? ¿Tendremos que esperar tragedias como las de Nicaragua o Venezuela para que alguien desde fuera nos diga que se están violando sus derechos? Estamos viviendo como si todo fuera normal y aceptable; simulando  que se respetan las leyes mientras  los funcionarios las  violan de manera descarada.

La reforma de la justicia, que es una de las demandas más sentidas por la población,  ha sido recogida por un partido de la oposición  y algunos defensores de derechos humanos, pero al paso que vamos   es posible que tengamos que recurrir al Tribunal Penal Internacional. Mientras tanto jueces, fiscales y funcionarios seguirán  haciéndonos creer que “hacen como que cumplen la ley levantando la bandera de derechos humanos a su conveniencia.  Es necesario  dejar de lado el juego perverso de las simulaciones,  reconocer que no hay Estado de Derecho y que la pretensión de reelegirse es solamente una de las innumerables formas en que vamos hacia la dictadura. No estamos ante un juego de niñas, estamos siendo protagonistas de nuestro propio engaño.

Sonia Montaño Virreira es socióloga feminista.