La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que la reelección indefinida de los presidentes no es un derecho humano. También señaló que la prohibición de ese mecanismo de prórroga es la única manera de garantizar la democracia representativa. Y, por si fuera poco, alertó que “el peligro para las democracias de la región no es el rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante comicios populares”.

La Corte IDH no se pronunció sobre ningún país en particular, ni sobre algún presidente o expresidente en específico. Sin embargo, la aplicación de la opinión consultiva es para todos los países miembros del sistema iberoamericano, entre ellos Bolivia.

De hecho, el origen de la opinión es la decisión de Evo Morales de prorrogarse indefinidamente en el poder apelando a un supuesto derecho humano que no es tal.  Diferentes actores bolivianos, entre ellos Jorge Tuto Quiroga, gestionaron ante Colombia para que sea el presidente Iván Duque quien presente el requerimiento. Por tanto, la opinión consultiva de la Corte es un guante hecho a medida de Evo Morales. 

Hay que recordar que el origen de la crisis boliviana, que luego derivaría en la renuncia presidencial de 2019, en la instauración de un gobierno transitorio, que desembocaría a su vez a las “masacres” de Sacaba y Senkata, está en la decisión de Evo Morales de prorrogarse en el poder apelando a un derecho humano inexistente.

Para conseguir sus objetivos desconoció los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que la mayoría de los bolivianos le dijo No a su nueva postulación. Luego, sus legisladores plantearon un recurso ante el Tribunal Constitucional que dejó en suspenso los artículos de la Constitución Política del Estado que solo permitían dos períodos consecutivos y, por tanto, una sola reelección. Y, para terminar de sellar la estrategia, un Tribunal Supremo Electoral afín a sus intereses lo habilitó como candidato para las elecciones de 2019.

Los magistrados que inventaron el derecho humano para Evo Morales son Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Neldy Andrade y Ruddy Flores. Y los exlegisladores que plantearon el recurso son la senadora Nélida Sifuentes (MAS) y los diputados David Ramos, Nelly Lenz, Aniceto Choque, Ana Vidal, Julio Huaraya, Felipa Málaga, Ascencio Lazo, Juan Vásquez, Edgar Montaño, Santos Paredes (UD) y Víctor Gutiérrez (UD).

Entonces, los culpables de la crisis de 2019 no son los pititas, los militares y los policías. Tampoco son culpables Jeanine Añez, Carlos Mesa, la Iglesia, la OEA o la Unión Europea. Los únicos responsables por lo sucedido son Evo Morales, Álvaro García Linera, los seis magistrados que firmaron la resolución y los 12 legisladores que plantearon el recurso.

Si bien la opinión consultiva de la Corte IDH no puede retroceder el tiempo para evitar la crisis, la confrontación y los muertos, deja claramente establecido que la reelección indefinida no existe –ni ahora ni antes- como derecho humano en ningún instrumento legal del mundo.

Por tanto, lo mínimo que debería ocurrir es que el Tribunal Constitucional anule el fallo del derecho humano y reponga la vigencia de los artículos suspendidos de la Constitución para que solo se permita una reelección. Por otro lado, una próxima reforma constitucional debería incluir la prohibición de la reelección indefinida tal como señala la Corte.  En lo político, Morales tendría que ser proscrito por su propio partido por el bien de la democracia, del país y del propio MAS, luego del dolor causado a los bolivianos y de la vergüenza internacional que provocó.

El intento reeleccionista de Evo Morales fue, no sólo inconstitucional, sino atentatorio contra las convenciones internacionales y, sobre todo, contra la democracia.

Morales es todo lo que la Corte IDH quiere evitar con su opinión consultiva: autoritario, prorroguista, irrespetuoso de la independencia de poderes y del pluralismo. La lista podría continuar, pero con eso basta para sostener que el principal culpable de la crisis política boliviana es Evo Morales.