Los diputados españoles del Partido Popular (PP) Valentina Martínez, Pablo Hispán y Belén Hoyo remitieron al gobierno de Pedro Sánchez una moción de pregunta parlamentaria. La acción fue impulsada  ante el informe del grupo de investigación de la Universidad de Salamanca que dio pie al cierre del caso fraude electoral en Bolivia por parte del Ministerio Público.

El 27 de julio, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dio por sobreseído el proceso por las irregularidades de las elecciones generales de 2019, conocido como el Caso Fraude. Tomó la determinación  basado en el informe del docente español Juan Manuel Corchado y los estudiantes Pablo Plaza y Manuel López, cuya pericia no halló indicios de alteración de resultados en lo comicios de hace dos años.

Tres días después del anuncio de Lanchipa, el 30 de julio, los legisladores españoles de PP remitieron el documento de fiscalización, al cual tuvo acceso Página Siete, al Ejecutivo de su país. El mismo  consta de tres preguntas.

“¿Tenía el Gobierno conocimiento de la elaboración de un informe pericial por parte de expertos españoles de la Universidad de Salamanca sobre el posible fraude electoral en las elecciones presidenciales de Bolivia en 2019?”,  detalla la primera cuestionante.

Como pie para la  segunda consulta se resalta  que el informe de Salamanca  contradice la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que halló manipulación dolosa en las elecciones en Bolivia en 2019. Con el contexto,  preguntan si el documento puede afectar las relaciones bilaterales con España.

“Avala el Gobierno las conclusiones de dicho informe y, si no es así, ¿qué acciones piensa tomar al respecto?”,  especifica la última pregunta remitida al presidente Sánchez.

En contacto desde España  con Página Siete, la diputada Valentina Martínez explicó que este es el primer paso para iniciar una fiscalización.  Agregó que  en las próximas semanas  enviarán una petición de información también al Gobierno para conocer cómo se gestionó el pedido de la pericia por parte de la Fiscalía de Bolivia y cuál fue el procedimiento para que se haga cargo del análisis la casa de estudios superiores.

“El informe no puede poner en cuestión una auditoría de un organismo como de la OEA. Es un estudio de investigadores en una universidad a muchos kilómetros de distancia y varios meses después de las elecciones del 2019 en Bolivia. (…) El Gobierno de España debe pronunciarse, que tenga una postura, porque es una universidad pública la que ha hecho el informe”, dijo la parlamentaria española.

La congresista puntualizó que debe transparentarse el  cómo y en qué condiciones fue elaborado el documento de los académicos de la Universidad de Salamanca. “Queremos pedir explicaciones al Gobierno, también para poder ofrecer explicaciones a Bolivia. Los bolivianos tienen que saber cómo se ha obtenido y cómo ha salido este informe”, complementó.

Coordinación entre legisladores

Por su parte, la diputada boliviana de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar dijo que  su bancada se puso en contacto con este grupo de sus pares españoles. Ello con la finalidad de coordinar una petición de informe para el Ministerio de Universidades y para el Ejecutivo español.

“Hemos tenido conversaciones para ver que se pueda profundizar esta investigación y se realicen otras preguntas, con referencia al tema. No puede ser posible que en Bolivia quieran dejar de lado la auditoría de la OEA, que fue respaldada también por le Unión Europea. Debe hacerse una investigación a la Universidad de Salamanca”, puntualizó Nayar.

Asimismo, la asambleísta cuestionó la imparcialidad del estudio de los investigadores españoles, puesto que realizaron siete cambios al documento.

Además, observaron  que el docente Corchado fue funcionario en el Ministerio de Ciencia y Educación en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien es muy cercano al expresidente Evo Morales.

“Esto nos indica que el documento ha sido elaborado a gusto y pedido del peticionante y el peticionante viene a ser el fiscal Juan Lanchipa, que actúa como empleado de Evo Morales”, enfatizó la legisladora.

“Queremos pedir explicaciones al Gobierno (español),  para poder ofrecer explicaciones a Bolivia sobre cómo hizo el informe”.

Valentina Martínez, PP

“El informe  fue hecho a gusto del peticionante, que viene a ser el fiscal Lanchipa, quien actúa como empleado de Evo Morales”.

Luisa Nayar, CC