Era obvio que la OEA seguirá defendiendo su torcido accionar en 2019. Sin rubor, aunque con mayor confusión, tal como se percibe en el documento: “La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA reitera los hallazgos del Análisis de Integridad Electoral de 2019 en Bolivia”. Ese documento fue publicado hace unos días para “rechazar” el estudio realizado por un equipo de la Universidad de Salamanca —por encargo de la Fiscalía— y que sirvió de sustento para cerrar el caso “fraude electoral”.

El texto de la OEA es curioso. Primero, por la instancia de bajo rango que asume esa tarea —una Secretaría de la Secretaría General— que dizque “ha tomado conocimiento” del estudio mencionado. Una respuesta oficiosa. Luego, por la figura retórica que usa para defender su “análisis” porque concluye afirmando que el caso boliviano “Constituye una vergüenza hemisférica por el cúmulo de irregularidades y por la manipulación flagrante del proceso electoral”. Así de altisonante, similar a la muletilla de “fraude monumental” e igualmente vacía de contenido (y de pruebas). Finalmente, “los hallazgos fundamentales” de su informe darían cuenta de “un patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones en el llenado de actas electorales”. Empero, ese” hallazgo fundamental” tiene una demostración fútil: “De las 4.692 actas en formato digital peritadas… se encontraron 226 casos en las que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona”. Más claro, Almagro: ¡con ese porcentaje afirman que hay un patrón! Y de yapa, “13.176 actas no pueden ser constatadas con la lista de electores porque este documento fue incendiado”, pero no señalan que los incendios fueron provocados por opositores convocados con la consigna de “fraude monumental”. Así desaparecieron esas listas y no por efecto de un “patrón de manipulaciones”.

Después, la delegación enviada por Almagro operó políticamente. El 23 de octubre, la OEA asume una postura en consonancia con la oposición afirmando que tenía que convocarse a segunda vuelta: “En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”. De manera inverosímil, una misión electoral recomendaba una “mejor opción” política antes de que concluya el recuento de votos. Esa “recomendación” dio pábulo a la idea de segunda vuelta reforzando las protestas opositoras que, luego, se orientaron a la anulación de las elecciones y a derrocar a Evo Morales. El MAS optó por solicitar una auditoría integral a la OEA para que verifique el recuento de votos; sin embargo, Carlos Mesa la rechazó por presión del Comité Cívico cruceño. El día del golpe de Estado, la OEA presentó un informe preliminar señalando que hubo manipulación informática en los comicios (no en el recuento). La presentación de ese informe —dos días antes de lo previsto, sin coordinar con el Estado, su contraparte— fue una pieza de la asonada porque a partir de sus “hallazgos preliminares”, Almagro señaló: “En virtud de la gravedad de las denuncias y análisis respecto al proceso electoral… debe ser anulado”. El resto es conocido. Recién en diciembre se presentó el informe integral y contiene afirmaciones que son perlas de retórica: “Son acciones en las que no es claro si existió o no la intención de manipular aspectos de la elección…”. “Equivocaciones o negligencia sin indicios de intencionalidad pero que pudieron facilitar acciones que potencialmente sí vulneraron al proceso electoral”.

Y así sucesivamente, hasta el cinismo monumental de Almagro pidiendo un minuto de silencio por las víctimas de Sacaba y Senkata. Vergüenza hemisférica, sin duda.