El summum de la democracia reside en el Órgano Legislativo, donde están representados todos los bolivianos mediante sus diputados y senadores, los que mínimamente deberían gozar de libertad de expresión para ejercer la representatividad.

Sin embargo, ese y otros derechos están en riesgo porque el MAS ha planteado una demanda ante la Comisión de Ética para que los diputados que el 6 de agosto, durante el discurso del presidente Luis Arce le dieron la espalda, sean suspendidos de sus funciones y pierdan su salario durante un año.

La demandante es la diputada Deysi Choque (MAS), quien argumenta que cinco legisladores de Creemos y uno de Comunidad Ciudadana incurrieron en un comportamiento indecoroso al protestar contra el discurso del mandatario.

Arce, durante su mensaje al país, se enfocó en acusar al gobierno transitorio de Jeanine Añez de haber dado un golpe de Estado, por lo que anunció sanciones en contra de sus integrantes.

En noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció al mando del país, toda la cadena de sucesión del MAS le siguió los pasos dejando un peligroso vacío de poder que degeneró en violencia y zozobra entre los bolivianos. En ese contexto, la entonces vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, asumió el mando por sucesión constitucional, procedimiento que ahora el MAS califica como un golpe de Estado.

Muchos de los que son legisladores de la oposición ahora, durante aquella crisis participaron de las protestas exigiendo la renuncia de Morales, luego de que la OEA detectara irregularidades y dolo en los resultados.

En ese contexto ocurrió la protesta de los legisladores opositores que, ante las insistentes acusaciones de Arce sobre el supuesto golpe de Estado, corearon “fraude, fraude, fraude” y le dieron la espalda al mandatario, a lo que los parlamentarios del MAS respondieron con el consabido “golpe”, “golpe”, “golpe”. Ambos bandos portaban carteles y causaron desorden.

De sancionar a unos, la Comisión de Ética tendría que sancionar a todos, pero, en la cuna de la democracia no se vería nada bien la persecución. Allá, al menos allá, debería respetarse la diferencia, el pluralismo y la libertad de expresión.

El afán persecutorio del MAS está llegando a niveles insospechados que, de seguir en ese camino, terminará por minar la imagen democrática del Gobierno que cada día se ocupa de recordar que ganó con el 55% por ciento de los votos, sin considerar que Bolivia está poblada por el 100% de sus habitantes.

Es cierto que la sesión legislativa del 6 de agosto fue bochornosa y, para usar los términos de la diputada demandante, fue “indecorosa”, pero la responsabilidad primera recae en quienes inventan retóricas para perseguir a sus rivales políticos.