En una semana, tres organismos internacionales emitieron pronunciamientos que hicieron tambalear el discurso del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de su jefe nacional, Evo Morales, que sostienen no hubo fraude en las elecciones de 2019 sino un golpe de Estado y que el expresidente postuló en esos comicios porque ese era su derecho humano reconocido por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El 5 de agosto, la Unión Europea (UE) emitió un comunicado rechazando la versión masista de que las reuniones realizadas en noviembre de 2019 en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB) fueron para cerrar un proceso golpista para llevar a Jeanine Añez a la presidencia.

“En noviembre de 2019, bajo el liderazgo de la Iglesia, ayudó a facilitar reuniones involucrando a actores clave de todos los partidos políticos, incluido representantes del MAS, con un solo objetivo: ayudar a pacificar el país en tiempos de extrema tensión facilitando una plataforma para el diálogo, con el propósito de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió al país”, se lee en la parte central del comunicado.

Luego, tres actores políticos que participaron en las reuniones previas a esos encuentros revelaron que fueron los propios dirigentes del MAS, entre ellos la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, quienes invitaron a esas reuniones.

Cuatro días después, el 9 de agosto, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe ratificando los hallazgos del análisis de integridad electoral que realizó sobre las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 y que concluyó que “hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.

Aunque el gobierno de Morales solicitó esa auditoría y su gobierno aceptó que su resultado sea vinculante para el país, finalmente la rechazó y la Fiscalía General del Estado decidió cerrar el caso con base en un cuestionado estudio de un docente de la Universidad de Salamanca y dos estudiantes sin experiencia en auditorías electorales.

Finalmente, este viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo conocer su opinión consultiva sobre la reelección presidencial indefinida y determinó que no es un derecho humano, tal como el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó en 2017 para habilitar la tercera repostulación continua de Morales a la Presidencia, cuando la Constitución Política del Estado fija un límite de sólo una.

 “La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”, se lee en la Opinión Consultiva OC-28/21, que la Corte IDH emitió en respuesta a la consulta que realizó  Colombia, a raíz del  caso boliviano.