La opinión consultiva en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determina que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano desató una polémica en Bolivia entre opositores que celebraron aquel pronunciamiento y el expresidente Evo Morales que lo cuestionó.

El documento difundido este viernes señala que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y que atenta contra los principios democráticos.

La Corte también advirtió que «el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares».

El resultado de la opinión consultiva solicitada en 2019 por Colombia era ampliamente aguardado por la oposición boliviana que buscaba inhabilitar la candidatura de Evo Morales en los comicios generales de ese año, anulados luego entre denuncias de fraude a favor del expresidente que aspiraba a un cuarto mandato consecutivo.

El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), impulsor de la iniciativa, destacó que la CorteIDH señalara que «el prorroguismo no es un derecho humano, que quedarse en el poder como pretendía Evo Morales no está amparado por la Convención Interamericana».

Para Quiroga, la intención de Morales de «prorrogarse» en el poder desató la «crisis democrática» que Bolivia ha vivido en los últimos cinco años y medio, por la que responsabilizó también a los oficialistas que insistieron en habilitarlo para los comicios de 2019 y los magistrados del Tribunal Constitucional y vocales electorales que avalaron su postulación.

«Hoy el debate terminó. Evo Morales fue un candidato inconstitucional e ilegal», manifestó Quiroga y agradeció al presidente de Colombia, Iván Duque, por plantear la opinión consultiva.

El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) consideró en Twitter que el pronunciamiento de la Corte fue una «derrota histórica de Morales» y celebró la «reparación histórica de la democracia en Bolivia» con este «fallo vinculante».

Según Mesa, correspondería iniciar un juicio a los magistrados que habilitaron a Morales «por prevaricato» y también al exmandatario «por incumplimiento de deberes y atentar contra la soberanía popular».

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que Bolivia «cumple con los alcances de la Opinión Consultiva» mediante la ley firmada por la expresidenta interina Jeanine Áñez para convocar a las elecciones generales de 2020 tras la anulación de los comicios de 2019.

«Es un tema cerrado para nuestro país», escribió Lima en Twitter sin hacer mayores comentarios.

En junio, Lima sostuvo que la opinión de la CorteIDH marcará «jurisprudencia» regional y «se aplicará para lo sucesivo», aunque también afirmó que estos fallos no son vinculantes.

Morales contra la OEA

En un mensaje en Twitter, Morales consideró que fue «un ataque del golpista» Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), «y sus cómplices de la derecha para desestabilizar políticamente la democracia».

«Expresidentes golpistas y herederos de dictaduras que avalan la reelección en Honduras, ahora denuncian la reelección en Bolivia. Doble moral de la derecha. Nosotros llegamos al gobierno con el voto del pueblo», sostuvo.

En un video difundido por medios locales, Morales también sostuvo que le ha «sorprendido que la CorteIDH diga que la reelección no es un derecho humano» porque el artículo 23 del Pacto de San José «afirma» lo contrario.

«Es importante cómo refundar la OEA, por no decir cerrar la OEA», una institución que «debe estar al servicio de la gente humilde» y «no del imperio», aseguró.

Morales ha acusado varias veces a Almagro de ser parte de un «golpe de Estado» en su contra por el informe de la OEA que detectó irregularidades «muy graves» en las elecciones de 2019, como la manipulación del sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados.

Morales pudo presentarse a esos comicios con el aval del Constitucional que en 2017 reconoció a instancias del oficialismo boliviano el derecho humano de los mandatarios a ser elegidos y del pueblo a elegirlos.

El gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) insistió en la reelección de Morales pese a que la Constitución boliviana limita a dos los mandatos consecutivos y a un referendo que en 2016 le negó la posibilidad de volver a postular.