La auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tenía carácter vinculante solamente para el proceso electoral de 2019 que derivó en unos nuevos comicios en 2020, pero no es aplicable en la búsqueda de la responsabilidad penal.

Esa es la posición fijada ayer por el canciller Rogelio Mayta en Sucre, tras asistir a un acto de firma de convenio con el Consejo de la Magistratura para la otorgación de certificaciones de antecedentes penales para bolivianos que radican en el exterior.

“Esa cuestionable vinculatoriedad implicaba hacia el proceso electoral de 2019, en el proceso de 2019; en función de esa auditoría ha quedado prácticamente sin efecto, por eso hemos tenido unas elecciones diferentes en 2020. Ahí está claro que, aunque se cuestione, se critique, esa auditoría ha tenido un valor en el país, pero no hay vinculatoriedad en relación a la responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal en nuestro país es administrada por los jueces, bajo acusación del Ministerio Público y puede haber acusadores particulares de quienes de consideran víctimas”, afirmó.