El carácter vinculante de la auditoría de la OEA solo alcanzaba al proceso electoral de 2019, lo que permitió la realización de nuevos comicios, pero no a la responsabilidad penal que debe ser establecida por el sistema judicial boliviano, señaló ayer en Sucre el canciller Rogelio Mayta.

“Por eso hemos tenido unas elecciones diferentes en 2020. Ahí está claro que aunque se cuestione, se critique, esa auditoría ha tenido un valor en el país, pero no hay vinculatoriedad en relación a la responsabilidad penal, porque en nuestro país es administrada por los jueces, bajo acusación del Ministerio Público y pueden haber acusadores particulares de las personas que se consideran víctimas”, sostuvo Mayta.

El ministro dijo que la Fiscalía y el sistema judicial tramitan los procesos penales por estos hechos y los presuntos responsables tienen derecho a defenderse, por lo tanto, el Ministerio Público debe verificar, a través de diferentes medios, si existieron esos delitos.

El expresidente Jorge Quiroga recordó, a través de su cuenta de Twitter, que en octubre de 2019 el entonces mandatario Evo Morales firmó una auditoría electoral “vinculante” con la OEA, después que surgieron las denuncias de fraude.

El 31 de octubre, diez días antes de renunciar, Morales pidió calma a Bolivia “hasta que la OEA concluyera este documento, desafió a aceptarla, señaló que era la “única forma de esclarecer si hubo fraude”. Además, prometió que él aceptaría los resultados de la auditoría que ahora contrasta por un estudio realizado por un profesor y dos estudiantes españoles.

En noviembre de 2019 los embajadores de México y España, a pedido del exmandatario Evo Morales, acompañaron y financiaron la auditoría electoral vinculante de la OEA, recordó Quiroga.

Informe a la carta

En criterio de abogados y expertos consultados por EL DEBER, el hecho de que la Fiscalía y el proveedor del informe elaborado en España (el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Universidad de Salamanca) acordaran introducir siete modificaciones o complementaciones en el documento con el que ahora se pretende eliminar el proceso por el fraude electoral en las elecciones de 2019, abre la posibilidad de que se hizo a la medida de lo que necesitaba el Ministerio Público.

El medio español Okdiario reveló el miércoles que la Fiscalía solicitó siete modificaciones al reporte de los expertos españoles, liderados por Juan Manuel Corchado y realizado junto a dos estudiantes.

Según el periodista Alejandro Entrambasaguas, los cambios fueron solicitados los días 6 de mayo, el 7 de mayo, el 11 de mayo, otro en la misma fecha, el 25 de mayo, el 2 de junio, el 11 de junio y el 28 de junio de 2021. La Fiscalía respondió que esas siete veces el Ministerio Público no envió solicitudes de modificación, sino complementaciones requeridas por los investigadores.

“Esta denominada ‘pericia’, definitivamente, fue hecha a la carta, es decir, al gusto y pedido de lo que quería la Fiscalía boliviana. No es un documento que pueda considerarse científico. Sean modificaciones o complementaciones, da igual, por supuesto que tuvo un objetivo político, acabar con el caso del fraude electoral”, dijo el abogado constitucionalista Williams Bascopé.

El abogado Paul Coca afirmó que en la administración pública y en el de la justicia siempre existe la figura de aclaración y enmienda. “Es normal que se haga en un documento porque hay partes que a lo mejor no están claras o hay que enmendar”. Sin embargo, subrayó que en este caso “es extraño que se hayan hecho siete solicitudes”, manifestó.

Como segundo aspecto mencionó que por un principio de transparencia, “y porque no es un caso que haya sido declarado en reserva, la Fiscalía tendría que mostrar de forma pública y abierta cuáles son los documentos que ellos han intercambiado para saber cuáles son esas siete solicitudes. Si no lo hace, manifestó, que esto se va a interpretar “simple y llanamente como que la Fiscalía los quiere acomodar para los fines que está persiguiendo.

“La Fiscalía debe ser imparcial, debe ser defensora de la sociedad, por lo tanto, el fiscal debería abrir la documentación. Creo que solamente de esa forma se debe transparentar esta situación”, dijo Coca.

Juan Manuel Corchado pactó con la Fiscalía que nadie tuviera acceso a su informe. Sin embargo, el profesor español -asegura Okdiario- no ha cobrado nada de los $us 31.076. “Yo no me he enriquecido económicamente con esto, el dinero lo cobró la Fundación de la Universidad de Salamanca”, explicó. Cuando el profesor y los dos universitarios concluyeron el informe, la persona que lo recibió fue la fiscal Rocío Feraudi, próxima a Evo Morales. Se trata de la fiscal que archivó la investigación de los supuestos pagos de $us 1,6 millones de Evo Morales a la empresa consultora Neurona.