La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó que la reelección presidencial no es un derecho humano. Además, señaló que este tipo de hechos se constituye en un peligro para la democracia representativa.

“La reelección presidencial indefinida no constituye en un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”, detalla parte de la resolución.

El 25 de junio, en sesión reservada, la Corte IDH trató la opinión consultiva sobre las reelecciones de mandatario, referidos a los casos de Bolivia, Nicaragua y otros.

La solicitud para tratar el tema la realizó el gobierno de Colombia el 21 de octubre del 2019, a pedido de la oposición boliviana y como país garante de la Constitución Política del Estado (CPE).

“La habilitación a la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa, y, por ende, a las obligaciones establecidas por la Convención Americana sobre los Derecho Humanos y la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre", dice otro párrafo del documento emitido hoy.

Dilema resuelto

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, dijo esta tarde que el dilema político causado por el debate de la reelección indefinida fue resuelto cuando se convocó a las elecciones de octubre de 2020, según un boletín de prensa difundido por esa cartera de Estado.

Para fundamentar su opinión, el ministro citó el Parágrafo II del Artículo 19 de la Ley 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, que establece textualmente:

“Las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo”.

Sobre su carácter vinculante y sus efectos para Bolivia, Lima explicó que la Corte IDH en su función consultiva emite opiniones consultivas sobre la interpretación y aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) o de otras normas de derechos humanos, que son de  “carácter abstracto y de aplicación genérica”.

“La opinión consultiva, al ser de carácter general, no establece un plazo ni una imposición expresa para el país”, recalcó.

Antecedentes

El MAS promovió el referendo constitucional del 21 de febrero del 2016, para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que a la letra dice:

"El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua".

El 51,3% de los electores le negó a Morales la posibilidad de otra reelección. Ante esto los exparlamentarios del MAS interpusieron una acción ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que habilitó al exmandatario para participar en las elecciones del 2019 y las subsiguientes, con base en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así el 28 de noviembre del 2017, el TCP emitió la sentencia 084/2017 en la que anuló los artículos 156, 168, 285 y 288 de la CPE y cinco apartados de la Ley de Régimen Electoral y dio vía libre para que Evo Morales pueda repostularse a la presidencia de manera indefinida.

El TCP argumentó que debía aplicarse de "manera preferente" el Pacto de San José sobre la Constitución boliviana que establece una sola reelección presidencial continua.

Sobre la habilitación de Morales a una cuarta postulación, el titular de justicia sostuvo que el artículo 196 de la Constitución Política del Estado establece que el TCP ejerce la facultad interpretativa de la norma suprema; por tanto, la opinión consultiva debe ser conocida y analizada por dicha instancia, explicó.